La legislación mexicana que desde enero de 2014 busca prevenir el lavado de dinero en la compra de arte, juegos y apuestas, compraventa de inmuebles y vehículos, entre otras actividades de comercio reguladas, ha fomentado las operaciones clandestinas en esos sectores e incluso, contrario a lo que se buscaba, incrementó el uso de efectivo en México.

En entrevista con La Jornada, expertos en temas de lavado de dinero y comerciantes que han padecido los inconvenientes de la nueva legislación, indicaron que esas nuevas reglas han llevado a que las operaciones de compraventa de joyas u obras de arte se concreten mediante cuentas en Estados Unidos o, bien, en la clandestinidad, sin reporte alguno al fisco, en lo que ahora es un mercado negro.

Añadieron que otro aspecto complicado de esta legislación es que la compra-venta de algún inmueble o vehículo de lujo ha provocado verdaderos dolores de cabeza a los involucrados en alguna transacción, ya que los bancos y las autoridades fiscalizadoras han optado por tomar medidas precautorias, como el congelamiento provisional de cuentas bancarias y/o el inicio de reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que llegan a terminar en algún crédito fiscal por presuntos adeudos al erario, en el mejor de los casos, o hasta en alguna averiguación previa en la Procuraduría General de la República (PGR).

Según Jorge Carlos Felgueres, abogado fiscalista con más de 25 años de experiencia en el ramo, el problema de esta legislación, que se hizo con el objetivo de reducir el manejo del flujo de efectivo en operaciones comerciales, es que obliga a las instituciones financieras y a las empresas que realizan actividades vulnerables a poner muchas trabas y sobrevigilar a las personas en sus actividades de comercio.

“Estas acciones de prevención del lavado de dinero violan la intimidad de las personas, su derecho a la presunción de inocencia y lo peor, generan la percepción de que todos los que tenemos una casa que vender, un auto de lujo que nos queremos comprar, o que juntamos un dinerito para adquirir joyas, relojes de lujo u obras de arte, forzosamente tenemos que desnudarnos financieramente ante los intermediarios, ante los bancos y ante las autoridades de Hacienda, si no queremos tener problemas penales, es decir, que ex ante somos vistos como probables criminales o lavadores de dinero, es totalmente violatorio de los derechos humanos”, expuso el abogado.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida popularmente como ley antilavado, obliga desde enero de 2014 a diversos sectores comerciales a identificar a sus clientes y guardar sus datos cuando la venta de algún bien o servicio sobrepasa los 168 mil 941 pesos, y también les ordena que cuando una transacción supera los 337 mil 531 pesos deben dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Además, la legislación prohíbe las operaciones en efectivo a partir de los 225 mil pesos.

De acuerdo con una empresaria dedicada a la venta de arte en galerías y que pidió el anonimato por temor a represalias, lo único que propició la ley antilavado fue que creciera el mercado negro, porque el efectivo sigue circulando aunque no se registran esas ventas.

Dijo que entre febrero y julio de este año las ofertas de compra en efectivo no sólo no desaparecieron, sino que se incrementaron.

Te puedo decir que las compras de arte se hacen en eventos muy privados, casi clandestinos, y se realizan en efectivo y se utilizan cuentas bancarias de otros países para hacer las transferencias o simplemente se paga en euros, en dólares o hasta en pesos, dijo la galerista mexicana.

Omar Soto, otro abogado fiscalista, aseguró a diferencia de lo que se pretendía con la ley antilavado, la reforma fiscal incrementó el uso de efectivo en México debido a los incentivos que hay ahora en contra de solicitar facturas, consideran especialistas.

Lo que buscaban era evitar el uso del efectivo, pero dada la altísima carga tributaria y lo agresiva que vino la reforma fiscal, al final lo que está pasando es justamente el efecto contrario, opinó en entrevista con este diario.

Otro aspecto que se ha tornado preocupante para los comerciantes, empresarios y para la clase media y alta mexicana es la posibilidad de que ante la compra de un vehículo de lujo, la venta de un inmueble o la adquisición de joyas mediante instrumentos financieros, o por el pago de tarjetas de crédito o departamentales, el vendedor o el comprador del bien termine como indiciado en una averiguación previa de la Procuraduría General de la República por presunto lavado de dinero.

Felipe Rosales, otro penalista con dos décadas de experiencia en litigios vinculados con la delincuencia organizada, dijo que lo que está haciendo actualmente la PGR (ocurrió en el caso de Elba Esther Gordillo, pero también sucedió en el de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, o en el del empresario Gastón Azcárraga) para acusar de lavado a cualquier ciudadano es sostener que si bien el dinero que utilizaron puede ser de procedencia lícita, se vuelve ilícito al momento en que el imputado presuntamente usó dolosamente las instituciones financieras o bancarias para fines distintos al destino original que tenía previsto una determinada suma. Así de absurdo es el planteamiento de los fiscales antilavado de dinero, aseveró el abogado.

Añadió que “los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben detener ese disparate (de la PGR), porque se está prestando a abusos del llamado ius puniendi del Estado contra los particulares”.