“Yo elijo bailar”
El table y la trata

Las autoridades judiciales del Distrito Federal se llenan la boca hablando de víctimas “rescatadas” de centros nocturnos. De lo que no hablan es de la escasa efectividad que estas medidas han tenido frente al verdadero problema de la trata, ni de los daños colaterales y el estigma que han sufrido los trabajadores de estos lugares.

Rocío Sánchez

Hay que dar apenas unos diez pasos para llegar desde la puerta hasta el primer tubo. Si algún curioso quisiera obtener un flash de los cuerpos que bailan desnudos sobre la pasarela, podría lograrlo sin mucho esfuerzo desde la banqueta. Adentro, las protagonistas del show se pasean entre las mesas con apenas una tanga encima; las más pudorosas cubren su cuerpo con una bata. Son las 10 de la noche y ésta apenas comienza.

Este local de baile erótico (mejor conocido como table dance) es uno de los pocos que quedan abiertos en la ciudad de México después de los contundentes “operativos” que realizara la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) con el objetivo de combatir la trata de personas.

Lo de “abierto” es bastante literal. Los pequeños salones donde antes un cliente atestiguaba un baile privado han cambiado sus paredes por cristales, de manera que puede verse lo que sucede durante esos tres minutos por los que paga el parroquiano. Los empresarios que sobrevivieron a los arrestos masivos y a las clausuras que comenzaron en marzo de 2013, hacen lo que pueden para evitar ser señalados –otra vez– como tratantes.

Durante los “operativos contra la trata”, “operativos de rescate” o “liberación de víctimas”, como se ha llamado a estas intervenciones, cientos de personas han sido detenidas. El sólo hecho de ser empleadas del lugar las ha colocado en el reflector como victimarias, como tratantes de mujeres. Muchos trabajadores y trabajadoras permanecen hasta hoy en la cárcel. Por lo menos, hay 60 presos, según cálculos contenidos en el informe “Consecuencias invisibles del rescate. El caso del Table dance”, elaborado por el Colectivo contra la Trata de Personas, A. C. (Colectivo TDP), y publicado hace pocas semanas.

En contraste, únicamente por ser bailarinas, las jóvenes empleadas de esos lugares fueron catalogadas como víctimas y presionadas para declarar en contra de sus compañeros.

Hartos de este hostigamiento y con la intención de reivindicar su actividad como una, sí, erótica, pero no ilegal, dueños de bares y trabajadores de estos lugares han organizado sus esfuerzos. Su objetivo final: quitarse de encima el estigma y, por qué no, convertirse en aliados de la autoridad para contribuir en el combate efectivo de este delito.

En medio de la confusión
El combate a la trata en el Distrito Federal comenzó en 2013 y se centró principalmente en los table dance y las llamadas casas de masaje. Fue el año en que se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Si bien un año antes la capital del país había promulgado su propia ley, fue hasta 2013 cuando inició una estrategia.

Como lo han señalado integrantes del Colectivo TDP, entre otros activistas de diversos ámbitos (como los que apoyan a trabajadoras sexuales), la legislación es insuficiente, confusa y deja muchos vacíos que dan lugar a que las autoridades violen las garantías individuales de los involucrados.

De acuerdo con la legislación internacional, especialmente el Protocolo de Palermo, que se firmó en 2003 y estableció por primera vez los criterios para abordar la trata de personas, este delito se constituye cuando están presentes tres elementos: 1) las actividades o conductas con el objetivo de hacerse de personas; por ejemplo, tácticas de captación o enganche, traslado, transporte o recepción de personas; 2) los medios para realizar dichas conductas, entre los que se encuentran el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño y el abuso de poder, y 3) el propósito o la finalidad última de la cadena, que es la explotación.

Según el informe “Consecuencias invisibles del rescate...”, la legislación nacional se queda corta en cuanto a definir estos conceptos, por lo que, en principio, se confunde a la trata de personas con la explotación de personas. Es decir, una mujer puede trabajar como bailarina en un table dance y tener que entregar parte de lo que gana al dueño del lugar (y aun así, depende de las condiciones del convenio determinar si está siendo explotada o no), pero eso no implica que trabaje en ese lugar porque haya sido secuestrada, golpeada o chantajeada, ni que esté siendo obligada a continuar con esa actividad.

Tanto las y los activistas como los propios involucrados en el negocio del baile erótico reconocen que son espacios donde, efectivamente, puede haber trata, sin embargo, argumentan que los “operativos” se han realizado indiscriminadamente y, sobre todo, se han ignorado los testimonios de las víctimas, quienes, en su mayoría, han negado haber sido forzadas de forma alguna a trabajar en lo que trabajan.

Podría sospecharse que exista adoctrinamiento o incluso miedo extremo de las víctimas a declarar contra sus presuntos captores, pero las organizaciones han detectado que esto no es fácil de esclarecer debido a que la PGJDF no tiene un protocolo de seguimiento para las víctimas –reales o no– de este delito.

Así, la dependencia dijo haber “liberado” a 589 víctimas entre mayo de 2013 y noviembre de 2014, de las cuales 27 habían recibido “atención integral”. Sin embargo, según datos obtenidos por el Colectivo TDP, menos del 5 por ciento mostraron estar en verdaderas situaciones de violencia, engaño o coerción.

Libre decisión, el factor clave
More Tovar es bailarina erótica y vocera de sus compañeras en el Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, que agrupa a unas 700 personas empleadas en centros nocturnos de este tipo en el Distrito Federal. Su lucha, dice en entrevista, es por cambiar el estigma que pesa sobre su gremio y reivindicar su derecho a elegir la actividad a la que se quiere dedicar. “Obviamente todo lo que tenga que ver con sexo lleva implicada a la moral; existen muchos estigmas: que si estás en tanga, que si vas en tacones, que si estás arreglada, nos dicen ‘robamaridos’”. Aclara que lo que ella hace no es trabajo sexual, puesto que no tiene relaciones sexuales con los clientes, por lo que considera importante que su actividad sea regulada por las autoridades y deje de usarse como un pretexto para buscar casos de trata con fines de explotación sexual donde, asevera, no la hay.

La joven señala también que la persecución policiaca de la que han sido objeto ha propiciado que las bailarinas salgan de la capital a trabajar a otros estados, donde corren muchos más riesgos frente a la situación de violencia y la presencia del crimen organizado en diversas regiones del país.

En su caso, trabaja siete horas al día en el mismo lugar desde hace una década, rodeada de gente a la que considera su segunda familia. Por ello, afirma: “yo no quiero que me utilicen como medio para decir que mi compañero es tratante. No estoy dispuesta a ser ese medio para que una Fiscalía que no sabe hacer su trabajo entregue resultados falsos”.

En este sentido, Tovar pregunta lo mismo que han cuestionado organizaciones civiles, y que la Fiscalía Central para la Investigación para la Atención del Delito de la Trata de Personas no quiso responder para el informe del Colectivo TDP: ¿dónde están las presuntas víctimas de los table dance? “Puedo decir que, del operativo que a mí me tocó, he visto por lo menos a 23 chavas en el lugar donde estoy trabajando”, dice More, y remata: “no hay un seguimiento de las supuestas víctimas; están simulando un combate a la trata de personas”

A favor de la regulación
En este último punto coincide Carlos Landa, abogado de profesión y presidente de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos (ABCN). “En México no hay una verdadera lucha contra la trata si se ve desde una perspectiva amplia, no sólo desde el ámbito sexual. La ley contempla 11 supuestos de trata de personas”, recuerda, y afirma que “muchos de nosotros actualmente somos esclavos del trabajo, de la delincuencia organizada, algunas personas son esclavas de la pobreza, y por eso se dan los fenómenos de niños explotados por otras personas para pedir limosna, de jóvenes recluidos en las organizaciones criminales para cometer delitos, de personas explotadas laboralmente en las maquilas, en el campo. Ahí también está la trata de personas”.

El empresario reconoce que antes de que comenzaran los constantes “operativos”, en los lugares de baile erótico existía intercambio sexual. Hoy por hoy, asegura, se ha puesto fin a esta práctica en los establecimientos afiliados a la asociación, en parte porque saben que eso alienta las acusaciones de trata.

Landa considera, igual que More Tovar y activistas como Mónica Salazar, del Colectivo TDP, que el aparente combate contra este ilícito tiene un fuerte componente moral. “Parece que (las autoridades) no se atreven a decir ‘debido a mi moral, no me gusta que se realice eso y como no tengo la valentía de manifestarlo, voy a justificar el terminar con esta actividad diciendo que contribuye al delito de trata de personas’”.

Los trabajadores agrupados en el Movimiento, cuyo vocero es Luis Enrique Genis, desean quitarse la etiqueta de delincuentes y, por el contrario, ser vistos por las autoridades como aliados en la lucha contra la trata. “¿Quién mejor que yo, empleado, para saber si se dan estos casos en mi lugar de trabajo?”, inquiere. Para lograrlo, están dispuestos a que su actividad sea regulada, lo que permitiría un funcionamiento más seguro tanto para las y los trabajadores como para los propios clientes.

Después de todo, unas 150 personas trabajan en cada uno de los ocho lugares adscritos a la ABCN. Son hombres y mujeres que tienen familias que sostener y lo que desean, afirma Genis, es trabajar con tranquilidad y seguridad, además de ser vistos como prestadores de un servicio tan digno como otros.

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