La falta de información y consulta hacia las comunidades sobre proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales ha llevado a fuertes conflictos con gobiernos y empresas, por lo que es necesaria la aprobación de una Ley General de Consulta y reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para garantizar el derecho a la consulta y la participación, señala el documento Política ambiental y derechos humanos en México entregado por grupos ambientalistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.