La falta de información y consulta hacia las comunidades sobre proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales ha llevado a fuertes conflictos con gobiernos y empresas, por lo que es necesaria la aprobación de una Ley General de Consulta y reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para garantizar el derecho a la consulta y la participación, señala el documento Política ambiental y derechos humanos en México entregado por grupos ambientalistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Colectivo Ecologista Jalisco, Bicitekas y Red por los Derechos de la Infancia, señala que un ejemplo de esos conflictos es el caso de El Zapotillo, represa en construcción para abastecer de agua a los agricultores de Guanajuato, y que desplazará a los habitantes de las comunidades de Temacapulin, Acasico y Palmarejo debido a que, tras una modificación en la obra, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio su autorización sin requerir una nueva manifestación de impacto ambiental, lo que hubiera concedido el derecho a solicitar la consulta pública por los afectados.

Sin embargo, el Poder Judicial, en respuesta a diversos amparos que los afectados interpusieron, determinó la suspensión de la construcción de la represa El Zapotillo en espera de una consulta pública de las comunidades, lo cual no se ha cumplido, indicó el texto.

Señaló que aún no existe una Ley de Consulta Federal y tampoco se ha reformado la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente ni su Reglamento de Impacto Ambiental para garantizar el derecho a la participación de los afectados en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.