De acuerdo con la organización A Favor de la Libertad Religiosa, de 2006 a 2011 ocurrieron 270 casos de intolerancia religiosa en el país, y sólo en una mínima parte de éstos las autoridades han actuado en contra de los responsables de los atropellos, entre los que se cuentan asesinatos, violaciones a mujeres, expulsión de niños de escuelas públicas, despojo de tierras, quema de templos e incluso la negativa a dar sepultura en un panteón a un cristiano evangélico.

Ante esto, Óscar Moha, presidente de dicha agrupación, señaló que es necesario que en el Congreso y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se establezcan instancias dedicadas a atender a los profesantes de diversos credos, pues son población vulnerable, toda vez que en la oficina de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación no dan importancia a estos sucesos.

El gobierno de Felipe Calderón es el que menos ha actuado en los casos de intolerancia religiosa y el que más los oculta, tanto de intolerancia como de discriminación; han sido ignorados por la autoridad, hay más de 2 mil personas expulsadas de sus propiedades en lo que va del sexenio por motivos religiosos.

Según un recuento realizado por la organización, este año se han dado 16 situaciones de intolerancia en entidades como Guanajuato, Querétaro, estado de México, Puebla, Jalisco, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y en el Distrito Federal, pero en 2008 se registraron 80, en 2009 un total de 61, en 2007 hubo 59 y el año pasado 54.

Respecto a esto, la diputada Rosario Brindis Álvarez, señaló en entrevista con este diario que promueve la creación en la Cámara de Diputados de una comisión especial de asuntos religiosos, pero descartó que en la actual legislatura esto pueda concretarse, por la agenda que incluye la discusión de temas como la reforma política y el presupuesto 2012, pero dijo que hay interés de todos los partidos.

Indicó que debido a que las autoridades no responden se ha recurrido a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues ante la inacción gubernamental algunos mexicanos han solicitado asilo por persecución religiosa en Estados Unidos.

La legisladora por el PVEM, quien profesa la fe cristiana, criticó lo dicho hace algunos días por Felipe Calderón respecto a que todos los mexicanos son guadalupanos, y señaló que esto es signo de que el mandatario tiene un total desconocimiento de a quienes gobierna, porque en el país hay al menos 8 millones de evangélicos y no son guadalupanos ni por ser mexicanos ni por religión; algunos tomaron este comentario como un insulto, porque atenta contra la libertad de culto que establece la Constitución.

Expuso que muchas oficinas de asuntos religiosos de la SG en los estados están ocupadas por funcionarios que también desconocen la realidad religiosa del país y creen que sólo existe el credo católico.