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Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 20 de junio de 2010 Num: 798 |
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Bazar de asombros La reforma migratoria y las elecciones en Estados Unidos Colombia: las causas del sufrimiento El sector cultural: entre la parálisis y los palos de ciego Discurso a Cananea Columnas: |
El sector cultural: entre la parálisis
Eduardo Cruz Vázquez* Después de dos períodos ordinarios de sesiones, en lo que es una Legislatura crucial para el cierre de cuentas de la administración tanto de Felipe Calderón como de la Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard, las comisiones de cultura se mueven entre la parálisis y los palos de ciego. Un análisis de los desempeños de las mismas en las cámaras de Diputados y Senadores, así como en la Asamblea Legislativa del DF, dan cuenta de ello. La triada no ha logrado la aprobación de ninguna de las iniciativas generadas y que juntas no llegan a diez. Los 45 legisladores que las integran (dieciséis del PRI, trece del PAN, diez del PRD, cuatro del PT, uno del Verde y otro de Nueva Alianza), no han celebrado una sola reunión conjunta. En la disputa por la parálisis, no hay a cuál irle. De reuniones de trabajo, exhortos y puntos de acuerdo que no trascendieron a reformas estructurales no pasaron. Si en la discusión de la Ley de Ingresos y en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2010 mostraron cierto activismo, al maquillar la merma al gasto y conservando el incentivo que el Artículo 226 brinda al cine, los ganones fueron los diputados, quienes repartieron al contentillo de la partidocracia 3 mil millones. Han sido, pues, incapaces de generar una agenda integral en favor del sector cultural. Los palos de ciego se constatan en la disparidad de asuntos y contadas intervenciones en el pleno por parte de los legisladores “culturales”. Van de las del diputado Armando Báez en materia de derechos de autor, a una sobre fomento a la lectura y bibliotecas de su colega Jorge Kahwagi, a la intentona de adición de un párrafo al Artículo 29 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del senador priísta Francisco Herrera. Para el caso de la Asamblea, ni siquiera llevan la información al día sobre su quehacer. Las presidentas se desdibujan. María Rojo acumula numerosas faltas y brilla en protagonismo cuando se trata de cine o telenovelas; Edith Ruiz, también del PRD, despunta si se trata de distraer a Elena Cepeda, y Kenia López cobra la mayor de las celebridades por conmemorar el día del niño con un homenaje a Chabelo, o al convocar a actos en recintos religiosos [ver recuadro abajo en esta mismas página]. Si al menos Ruiz parece interesada por la responsable de la Secretaría de Cultura, para Rojo y López aún resulta innecesario citar a comparecer a Consuelo Sáizar, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Conaculta. Por la naturaleza de su quehacer, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados es piedra de toque del conjunto legislativo. Hace algunas semanas escribí:1 “Tras el bochornoso acto de ungimiento de la panista Kenia López como presidenta, largo es el silencio. Invisible también. Después de ocho meses, no asume liderazgo ni rinde cuentas. No recibe señales de quienes la apadrinaron, ni dentro ni fuera de San Lázaro. O quizá le dicen: mejor ni moverse. Los actores del medio cultural no piden cuentas o simplemente poco les interesa que sea capaz de instrumentar la agenda que el sector demanda.”
Días por medio, Kenia López entregó tremendo notición que, por lo demás, no alcanzó registro en otros medios sino hasta ¡veintiséis días después! Apresuramiento derivado de una combinación entre mis palabras, el grillerío de la comisión y la inocultable inconsistencia de la misma. Desplante que no tuvo eco en sus pares en el Senado y la Asamblea. Después de tantos meses de gestión, en la primera nota ofrendó lo que estima será el mejor regalo del festín bicentenario: la Ley General de Cultura. Y en ella, resolver el sempiterno asunto de la personalidad jurídica del Conaculta. En la segunda2 tuvo a bien agregar que “un nuevo marco legal para los institutos nacionales de Bellas Artes y de Antropología e Historia, así como la coordinación con los estados, serán algunos de los lineamientos de la propuesta de Ley Nacional de Cultura, en la que trabaja la Cámara de Diputados”. Inmersos en el receso sin agenda para la Comisión Permanente, la de marras convoca a una conferencia de prensa ¡tras veintinueve días! del desproporcionado anuncio.3 Confiados los comisionistas en que los diarios la harán de publicistas y que por lo tanto todo mundo se dará por enterado, la diputada López da santo y seña del magistral plan. Y reitera sin recato: “Si los acuerdos así lo permiten, entre las conmemoraciones de la Independencia y la Revolución podremos estar dictaminando y aprobando la Ley de Cultura en México para luego remitirla al Senado de la República”. En el filo del escándalo se asume que no existen bases que orienten las responsabilidades de los legisladores, en tanto que el eje de su labor tendría que descansar en una visión integral de lo que denominamos sector cultural. El despliegue propuesto fue (es): que las treinta y dos entidades federativas realicen foros del 15 de mayo al 15 de julio. Luego, tres reuniones regionales del 16 de julio al 16 de agosto. En los quince días posteriores dejan todo armado para llevar al pleno la iniciativa de Ley al arrancar el tercer período ordinario de sesiones. Y de ahí al interludio bicentenario.4 ¡Pobres senadores, tienen hasta el 20 de noviembre para cumplirnos! Son “reglas mínimas” para presentar ¡ponencias! el ajustarse a seis ejes temáticos: el derecho de acceso a la cultura; las propuestas y recomendaciones para una legislación cultural; las experiencias internacionales para garantizar el acceso a la cultura; la responsabilidad social de las empresas para la promoción y financiamiento de la cultura; la regulación artística en planes y programas de estudio, y el patrimonio cultural material e inmaterial. Quienes al menos desde la década de los setenta hemos sido testigos del acontecer cultural del país, no podemos dejar de considerar como irresponsable dicho planteamiento. Pero también es cierto que el mismo refleja la falta de acuerdo sobre el papel que la cultura juega en el proyecto de desarrollo del país. Hemos de experimentar perplejidad y hasta vergüenza por no poder arribar a una serie de reformas que el sector demanda tras décadas. Vale por ello considerar lo que el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la UAM-Xochimilco (GRECU),5 propuso desde el mes de octubre de 2009 y que refiere a lo que llamamos la Reforma Cultural. DESTRABAR LA CONFUSIÓN El abordaje del sector cultural no puede hacerse sólo desde las políticas culturales, con todo lo que ello implica. Requiere la transversalidad de las políticas públicas en el aparato de Estado. A su vez, resulta necesaria la intervención de las políticas y los poderes privados, debido a su notable influencia en el ámbito. Mucho más importante de lo que a simple vista otorgan, está el conglomerado de empresas culturales y del llamado tercer sector. Para este conjunto, es insoslayable recurrir al empleo de la economía cultural, por lo demás, escasamente considerada en los rasgos distintivos de la historia cultural del país.
El gran reto para la agenda legislativa es, entonces, caracterizar el sector cultural como condición para el abordaje de los asuntos cruciales. En ese sentido, una primera aproximación del GRECU arroja las siguientes variables, suerte de piezas de un rompecabezas que no se puede armar en cinco meses, como aseguran Kenia y sus eléctricos comisionistas. Destaca la adopción y correlación en el marco del TLCAN, del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) el cual define veinte sectores. Con el Código 71 se encuentra Servicios de Esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos, si bien los hay transversales.6 El SCIAN nos permite especular por lo pronto sobre cuatro subsectores. Tal abordaje permite derivar en los temas centrales de la Reforma Cultural, entendida como una más que se debe integrar a la Reforma del Estado. 1. Subsector del Estado. Comprende la intervención del aparato de la administración pública en los niveles federal, estatal, municipal e internacional. Este subsector, que tiene por su tamaño y derramas una notable influencia en la economía cultural, incluye a todo organismo público, paraestatal, autónomo, civil y social que opera total o mayoritariamente gracias a los recursos del erario. 2. Subsector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Atenidos a las definiciones convencionales, comprende toda práctica económica legalmente establecida. Puede ir de la prestación de servicios profesionales y de personas físicas con actividad empresarial, hasta unidades económicas de cuatrocientos empleados. En este subsector Mipyme pueden encontrarse ramales en teatro, editorial, venta de instrumentos musicales, comercio de obras artísticas, entre muchas otras, y en las cuales destacan los millones de artesanos con que cuenta el país. 3. Subsector de organismos asistenciales y de cooperación-coproducción internacional. Asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos, organizaciones no gubernamentales y redes, dan sentido a este subsector. Su economía cultural está marcada por capitales de una o varias fuentes, cuyo porcentaje mayoritario no procede de las arcas públicas, si bien se pueden beneficiar, por ejemplo, de políticas fiscales. Se pueden contar tanto a las entidades que representan intereses de empresas e industrias culturales nacionales y transnacionales, como a organismos de cooperación internacional. 4. Subsector de grandes empresas e industrias culturales. Es el más estrecho y a la vez tiene gran influencia en la sociedad. Pueden ser nacionales y transnacionales. Las empresas con más de cuatrocientos empleados se sustentan de componentes creativos, ejercen propiedad intelectual, la transforman, la median y tienen un alcance masivo, mas no por ello son generadoras de una producción industrial para cubrir el orbe. Por su parte, las industrias por lo general son transnacionales de gran presencia en todo el mundo. Cine, música, prensa, radio, editorial, televisión y publicidad, son las ramas más representativas de este subsector. ALGUNOS CAPÍTULOS Hablar de una Reforma Cultural significa que el sector tiene que ver de manera central con la Reforma del Estado y que tiene capítulos que atañen a la reforma política (crear una nueva secretaría de Estado y la Ley General de Cultura; clarificar el rol de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; obtener beneficios de la Ley de Extinción de Dominio), fiscal (andamiaje impositivo adecuado al sector; sobre derechos de autor y piratería, recambio en la modalidad de pago en especie), laboral (clasificación del trabajo cultural; adecuación de las relaciones sindicales; reglamentación del outsourcing), de economía (INEGI, Fondo Pyme, Nafinsa, ProMéxico), comercio (aranceles y protección del mercado de exportaciones e importaciones) y de salud (seguridad social, seguro popular). Una Reforma Cultural se involucra en ámbitos como el de la competencia (el libro, el cine, el espectáculo), mejora regulatoria (INAH, INBA7) y telecomunicaciones (garantizar la asignación de concesiones para fines culturales; acceso a publicidad a permisionarios), así como en la Procuraduría del Consumidor (defensa de dichos intereses). Tiene escenarios en soportes jurídicos en apariencia lejanos, como la Ley de Juegos y Sorteos (modalidades de financiamiento para Mipymes). Y frontalmente, debido a las recientes modificaciones a la Constitución, en las acciones colectivas que se derivan del Artículo 17 (afectaciones por turismo cultural) y en el 4º sobre Derechos Culturales (atribuciones de las comisiones de derechos humanos en el país y los sucedáneos de corresponsabilidad del sector privado). Despuntan, entonces, los atisbos de una larga tarea, desde estudios hasta la generación de consensos. Una agenda de tal envergadura tiene, entre sus muchas motivaciones, la generación de empleos, así como salvar a presentes y futuras generaciones de la frustración y la pobreza. *Coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la UAM-Xochimilco. NOTAS: 1 El Economista, viernes 19 de marzo, columna En el paredón, sección Arte, ideas y gente. 2 El Economista, viernes 9 de abril, columna En el paredón, sección Arte, ideas y gente escribí: “(…) Autoridades que fueron y que son incapaces no sólo de reformar a los jurásicos institutos y sus andamiajes legales (INAH e INBA), tampoco pueden reordenar el aparato de Estado en cultura”. 3 Reforma, miércoles 12 de mayo, sección cultural. Justo el día anterior inició un serial de desplegados titulados Memoria legislativa, en los cuales “Cultura” logró “Reformas y adiciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, para definir el concepto de regalías”. 4 Al cerrar este texto, miércoles 2 de junio, no se sabe de foro o reunión alguna. Vale citar que en declaraciones a Proceso (16 de mayo), López Rabadán insistió en su esquema, con el añadido de reconocer que en Conaculta se elabora un proyecto de soporte jurídico, el cual no conoce. 5 Integrado por René Avilés Fabila, Rafael Campos Sánchez, Elena Catalán, David Dávila Gómez, Héctor Garay, Carlos García de Alba, Valentina Gatti, Federico González Compeán, Alejandro González Hernández, Carlos Madrid Varela, Antonio Mier Hughes, Alejandro Ordorica Saavedra, Jorge Pantoja, Ricardo Rojo y Leobardo Sarabia Quiroz. Coordinador: Eduardo Cruz Vázquez. 7 En el pozo sin fondo del vetusto tramado jurídico, en días recientes destacó el amparo que se otorgó a coleccionistas de la obra de María Izquierdo. En declaraciones a Excélsior (1 de junio), López Rabadán agrega sin ton ni son ingredientes a su ensalada: “La Ley de Monumentos requiere una revisión urgente que se podrá realizar al mismo tiempo que se discute la creación de una nueva ordenanza para el sector cultural”. Cuánto disparate.
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