Número 155
Jueves 4 de junio
de 2009


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

El pasado 28 de abril, el Estado mexicano fue llamado a audiencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer su responsabilidad en tres asesinatos de mujeres ocurridos en el Campo Algodonero en Ciudad Juárez. Esto representa un hecho sin precedentes debido a que se espera el reconocimiento público de México de la existencia de asesinatos de mujeres, motivados por el sólo hecho de serlo.

“Sí hay feminicidios en Ciudad Juárez, pero no sólo ahí”, fue lo que dijo la procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, según relata la abogada Karla Michel Salas Rodríguez, al hablar sobre la comparecencia del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Campo Algodonero.

Torturada, violada, golpeada, mutilada, abandonada, son parte de los rasgos que presentan los cadáveres de mujeres asesinadas en sus hogares a manos de su pareja sentimental o en cualquier otro lugar por un asesino “anónimo”.

“Por putas”, fue por mucho tiempo la explicación de autoridades y la sociedad en general. Oídos sordos pretenden ser ajenos a la realidad, muchas de estas mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de serlo.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) define este delito como el asesinato de niñas y mujeres cometido por hombres por el simple hecho de ser mujeres, y que responde al poder abusivo que la discriminación de género otorga a ellos.

En entrevista con Letra S, Yesenia Peña Sánchez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), especialista en antropología sexual y de salud, se refiere a la problemática social que envuelve a estos crímenes. “Esto no es un problema personal, que por conductas y actitudes el individuo se lo buscó, sino que es una práctica social que se legitima como forma de saneamiento para mantener la hegemonía del sistema, lo cual es imposible de justificar como natural, ya que es un ejercicio no sólo sexista sino de exterminio”.

Muerte en el desierto
Ciudad Juárez es el caso más emblemático en México. Tiraderos de chatarra de autos, calles y baldíos en medio de la ciudad son los sitios donde aparecen osamentas femeninas con meses en descomposición y visibles huellas de violencia.

Muchas de ellas son jóvenes entre 14 y 18 años. El registro de más de 500 asesinatos y poco más de un millar de desaparecidas -catorce en los últimos meses- abren una llaga dolorosa en esta ciudad fronteriza.

Reportes del OCNF indican que Juárez no es la localidad del país donde más ocurren estos hechos: 246 mujeres y niñas fueron asesinadas en 12 estados de la República entre agosto y diciembre de 2008.

El estado de México encabeza la lista con 94 casos en los últimos meses. La invisibilización absoluta de estos crímenes -denuncian Elsa y Maribel, mujeres activistas de la localidad- se debe a “dádivas” del gobierno como apoyos económicos, despensas, “políticas de apoyo” a madres solteras, que impiden a las mujeres denunciar hechos violentos, “ya que se los pueden quitar”.

Impunidad, falta de sensibilización de las autoridades, prejuicios, caso omiso a recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, falta de atención por parte del Estado mexicano a este fenómeno, “son las causas por las que se debe juzgar a México” explican David Peña y Karla Michel Salas, abogados mexicanos de las tres madres del Campo Algodonero en Ciudad Juárez en el juicio interpuesto ante la CIDH.

“No hay elementos para decir que son agentes del Estado mexicano quienes mataban a las mujeres directamente”, narra la abogada al referir la respuesta que México dio a
la CIDH.

Sin embargo, argumenta Salas, “es una obligación del Estado mexicano garantizar la vida de las mujeres y respetar la Convención de Belem do Pará, así como ejecutar acciones para lograr una vida libre de violencia”.

El hallazgo en 2001 de ocho osamentas en el Campo del Algodonero -predio céntrico de Ciudad Juárez-, negativas a investigar el caso y sancionar, fabricación de evidencias, extravío de pruebas, amenazas a familiares de las víctimas por parte de funcionarios públicos y una mala identificación de los cuerpos en la que no hubo sensibilidad por parte de las autoridades fueron los motivos para iniciar este juicio.

“Eran niñas, estudiantes. La única motivación de su asesinato era el hecho de ser mujeres. No se encontró otro elemento”, menciona el abogado David Peña.

Justicia para las mujeres
“Se debe reconocer que se mata, se desaparece y se viola a mujeres por el hecho de ser mujeres”, indica Peña al explicar una de las principales exigencias al gobierno de México ante la CIDH. En el juicio se exige justicia para las víctimas y sus familiares porque “se violan sus derechos humanos con la negativa a garantizar el acceso a la justicia”, comenta Salas Rodríguez.

Se espera que la sentencia contenga tres elementos: indemnización económica a los familiares de las víctimas, reconocimiento público gubernamental de los hechos, y una garantía de no repetición, lo cual obligaría a reformar las legislaciones locales y federales.

Asimismo, se solicita el establecimiento de protocolos de investigación específicos para homicidios de mujeres con el fin de erradicar la desigualdad, el abuso de poder y la impunidad.

Tildar estos asesinatos de crímenes pasionales es un blindaje del Estado, ya que no existe la categoría como tal, argumenta la abogada Salas, sólo existe el término “emoción violenta” y es una atenuante, se considera “pasional” por el criterio del juez.

Este hecho abre la puerta a prejuicios como por qué salían solas en la noche o se vestían así, indica Peña, lo cual las estereotipaba y permitía culpar de su muerte a un maniático sexual o un asesino serial.

“Se busca una reforma integral en la que no sólo se sancione a los autores materiales del crimen, sino también a funcionarios públicos que han entorpecido las investigaciones e invisibilizado la situación”, dijeron los abogados.

“Desde 1993 no se sanciona a nadie, eso es parte de los cambios que se tienen que generar dentro de un Estado en el que ser mujer implica la negación al acceso a ciertas garantías”.

En los últimos días, medios informativos de Ciudad Juárez han reportado que, desde abril pasado, su madre busca a Lizbeth. Ella tiene 17 años. Salió a buscar trabajo al mercado Reforma y no regresó. “Probablemente es víctima de la trata de personas”, dijeron autoridades en 2001 que no han enviado el expediente a instancias federales, encargadas de investigar este tipo de delitos. La madre piensa que “no la atienden por ser pobre”.

La visibilización de casos en que se han cometido asesinatos contra personas con una orientación sexual “diferente” por el simple hecho de serlo y la extrema saña con que se cometieron, ha evidenciado la necesidad de tipificar los crímenes de odio por homofobia y no denominarles “pasionales”, como se ha hecho hasta el momento. La única respuesta por parte de las autoridades al respecto es un largo silencio.

Una inscripción en el cuerpo con el vocablo ‘puto’ en el tórax”, “112 puñaladas”, “un balazo por el ano”, son parte de las descripciones de asesinatos cometidos contra personas homosexuales en los últimos años. La extrema violencia y saña con la que se cometen los crímenes son clara muestra de un odio exacerbado.

En la mayoría de los casos, el móvil del crimen fue el rechazo a la condición sexual del individuo y una condena moral hacia su modo de vida.

“Hombres vestidos de mujer”, “afeminados”, “lilos”, “mujeres con premio” u “hombres de costumbres raras” así es como son calificadas las víctimas. La mayoría de ellos, tras haber sido asesinados, son olvidados por las autoridades y hasta por sus familias.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reporta que en el 80 por ciento de los casos las autoridades no han resuelto los crímenes. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) informó, el pasado 17 de mayo, que 98 por ciento de los casos permanecen en la impunidad.

Reflejo de esta situación son las declaraciones emitidas por el fiscal de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Joel Alfredo Díaz, quien indicó a la revista Chilango que “estos crímenes eran pasionales” o “cuestiones de pareja”. Esta respuesta fue secundada por Lucía Reza, titular de la Unidad Especializada en Mujeres y Personas con Preferencias Sexuales Diferentes, quien en aquella ocasión mencionó que no hay odio en los crímenes puesto que los gays son “muy apasionados y exigen más fidelidad”.

Letra S solicitó una entrevista con el fiscal de homicidios y hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta, mientras que localizó a Lucía Reza y obtuvo como respuesta que “quien podía hablar de eso era el fiscal”.

Asimismo, a la solicitud presentada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para conocer el número de crímenes de odio registrados en la Procuraduría General de la República, la respuesta fue que éstos no existen.

Pocas son las denuncias que llegan a organismos públicos. Hasta el momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo ha emitido dos recomendaciones, una referente al caso de la comunidad gay de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de los señores Martín Ramón Moguel López y Jorge Alejandro Gutiérrez Esponda, emitida el 20 de julio de 1993, donde se señalaba que “en el caso de la comunidad gay, no se han integrado diversas averiguaciones previas iniciadas por el delito de homicidio, cometidos en agravio de miembros de dicha comunidad”.

l 31 de agosto de 1994 se envió al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, una recomendación referente al caso de los señores Francisco Estrada Valle y otros, quienes fueron privados de la vida en el mes de julio de 1992, en la que se denuncia “la omisión en la práctica de diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos”.

La homofobia
El odio hacia las personas con orientación no heterosexual es conocido como homofobia, la cual de acuerdo con la CDHDF es “miedo irracional –la fobia– a personas con una práctica sexual homosexual o lesbiana. A veces, el miedo se manifiesta como rechazo, otras se expresa como agresión, y unas pocas más implica disgustos ante mujeres ‘masculinas’ y hombres ‘femeninos’”.

Por ello, este tipo de asesinatos han sido denominados, por organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), única organización que lleva un conteo a nivel nacional, como crímenes de odio por homofobia.

Yesenia Peña Sánchez, antropóloga sexual y de la salud, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, explica a Letra S el funcionamiento social de estos hechos: “los crímenes de odio por homofobia son recursos de autocontrol y control social, ya que quien o quienes cometen un asesinato de este tipo no sólo es por un acto de fobia o miedo, sino que también implica odio, rechazo y poder, donde se somete al otro (sea mujer u hombre de cualquier condición) a la voluntad de quien(es) comete el asesinato; es un acto de demostración de que se tiene el control y que se puede ejercer hasta sus máximas consecuencias, lo que también implica sadismo y tortura”.

La CCCCOH, en su reporte preliminar, registra 464 crímenes de odio por homofobia en México, entre los años de 1995 a 2007. La mayoría de ellos han sido cometidos contra personas del sexo masculino, 445, 19 del femenino y 52 travestis o transgénero.

La entidad que presenta el mayor número de registros es el Distrito Federal con 131, seguido por el estado de México, con 63; Michoacán y Yucatán, con 39 respectivamente, y Colima, con 24.

La delegación Cuauhtémoc, en el DF, con 38 casos y el municipio de Ecatepec, en el estado de México, con 14, son los lugares con mayor incidencia de estos crímenes en el país. Ambas entidades enfrentan procesos legales por despedir a servidores públicos por su orien-
tación sexual. Cuauhtémoc a dos trabajadores del área de Servicios Territoriales, y Ecatepec al director de un Centro de Atención Múltiple.

Legislar
“En su origen, los ‘crímenes pasionales’, hoy catalogados como de ‘emoción violenta’, eran llamados crímenes ‘contra el honor’. Aquellas personas que privaban de la vida a otra en defensa de su honor, se consideraba que protegían un valor muy importante. No merecían que se les catalogara con la misma severidad con la que se castigaba a un homicida simple. ‘Se nubla la mente y la razón’, era el argumento, entonces está autorizado”, explica Rodolfo Millán, abogado de la CCCOH.

“La diferencia entres los crímenes por emoción violenta y los crímenes de odio es que los últimos son de corte racional porque el individuo esta convencido que una de las carac-terísticas de una persona no debe existir”, acota.

"En pocos países se han tipificado los crímenes de odio, son veinte en total. Francia fue primero, seguido por Canadá y Estados Unidos. La diferencia en estos países es que sus sistemas jurídicos se manejan por las costumbres y no por los códigos o leyes escritas como nosotros. Sus categorías legales son más flexibles. Juzgan en razón del hecho en concreto”, refiere el abogado. “Cuando las autoridades dicen que (los asesinatos de homosexuales) son ‘crímenes pasionales’ están basándose en un prejuicio”.

Las etiquetas de “joto”, “niñita”, “marica” se replican a diario en distintos lugares de la república. La burla y el estigma se observan a diario en televisión, Internet y otros medios de difusión masiva. Negar la diferencia puede llevar a un grado extremo.

Raúl Osiel Marroquín, en su comparecencia ante las autoridades por el asesinato de cuatro personas homosexuales en la ciudad de México, respondió a la pregunta del motivo
de sus crímenes: “Hice un favor a la sociedad”.

S U B I R