Número 155
Jueves 4 de junio
de 2009


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

La injerencia de la jerarquía católica en las políticas públicas: un retroceso para los derechos de las mujeres

Hace dos años, se logró en México uno de los más importantes avances en materia de derechos humanos de las mujeres, específicamente de sus derechos reproductivos: la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta las doce semanas de gestación. En contraste, desde hace siete meses, se han aprobado en trece estados de la República reformas constitucionales para “proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, una aparente reacción de los sectores fundamentalistas y conservadores a tan importante avance.

Estas reformas, que no toman en cuenta ni la evidencia científica disponible ni la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en agosto de 2008, tienen el claro propósito de amedrentar a las mujeres y obstaculizar el cumplimiento de las leyes que permiten el aborto por diversas causales en los estados de la República, así como su acceso a los servicios de salud necesarios. Además ponen en riesgo su vida y su salud, al obligarlas a recurrir a servicios clandestinos e inseguros.

Aunque las reformas constitucionales recientes no modifican automáticamente las causales de excepción para el aborto vigentes en los estados, constituyen, sin lugar a dudas, un serio candado para el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres, consagrado en el Artículo 4º Constitucional. Asimismo, evidencian la falta de compromiso del PAN y del PRI con la vida y la salud de las mujeres, al poner una vez más sus derechos en la mesa de las negociaciones relacionadas con el proceso electoral y cerrar filas con la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica para obstaculizar las leyes que posibiliten el ejercicio de este derecho.

Esta situación constituye además una flagrante violación al Estado laico, pues con el fin de allegarse la mayor cantidad de votos y ganar legitimidad por el clero católico, legisladores y partidos políticos están dispuestos a renunciar a sus principios y adherirse a la bandera ideológica de la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica, permitiendo que las creencias religiosas se impongan en las políticas públicas.

Por otra parte, en los últimos meses hemos advertido diversas expresiones del fundamentalismo religioso dirigidas a impedir a toda costa que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir. Abusando de su poder simbólico, la jerarquía católica conservadora no ceja en su intento de imponer su concepción de la moral “única” en las leyes y políticas públicas para que éstas reflejen la agenda moral de la Iglesia institucional, agenda que no toma en cuenta las necesidades ni las actitudes de la feligresía.

En Católicas por el Derecho a Decidir hemos escuchado con tristeza las declaraciones de la Arquidiócesis de León, afirmando que “cualquiera que sea la situación del embarazo, de una vida nueva, merece la custodia en cualquier situación y en cualquier circunstancia, incluso la violación”. Este tipo de comentarios coloca la vida del nonato por encima de la vida de las mujeres, condenándolas a embarazos forzados incluso cuando su salud y su vida corren peligro. Y contribuye a la criminalización de las mujeres víctimas de violación.

Reiteramos nuestro llamado a la jerarquía de nuestra Iglesia a abrir las puertas para un diálogo respetuoso y tolerante de los derechos de las personas. Asimismo, le hacemos un exhorto a reconocer y respetar las diferencias que hay en la feligresía católica, que fueron evidenciadas durante el debate por la despenalización del aborto en el DF, cuando la ciudadanía, que en su mayoría sigue siendo católica, se manifestó pública y mayoritariamente a favor de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el ejercicio pleno de la sexualidad responsable y placentera y la libertad de conciencia. Más aún, si tomamos en cuenta que 85% de las 31.000 mujeres que han accedido a la ILE en el DF, son católicas.

De la misma manera, convocamos a nuestra Iglesia a no continuar impulsando retrocesos en materia de derechos de las mujeres que violenten la laicidad del Estado. La separación de las Iglesias y el Estado es condición imprescindible para la democracia en México. Le pedimos a nuestra jerarquía actuar en concordancia con las realidades actuales de las mujeres católicas, y con la cordura, la conciliación y la congruencia que inspira el Evangelio de Jesús.

S U B I R