San Cristóbal de Las Casas, Chis. Alrededor de unas 30 mujeres se manifestaron este lunes frente al palacio de justicia, en esta ciudad, mientras una abogada participaba en la audiencia de vista con tres magistrados, para exigir la liberación de la indígena Maricela López Bautista, presa desde el 22 de noviembre de 2019 y sentenciada a 25 años de prisión, por el homicidio de su pareja, cuando trató de defenderse, informó su defensora Marcela Fernández Camacho, de la Colectiva Ceresa.

“Se trata de un caso de legítima defensa. Ese día, Maricela, que es monolingüe, fue atacada con un machete. Estaba embarazada de seis meses y estaban sus otros dos hijos menores de edad dentro de la casa. El occiso, de nombre Juan N, la encerró, atrancó la puerta, empezó afilar el machete, después empezó a atacarla y ella se defendió con un leño, derivado de lo cual el sujeto falleció”, agregó.

En entrevista, señaló que la mujer tsotsil de 26 años de edad, originaria del ejido La Florida, municipio de Rincón Chamula y presa en el penal de San Cristóbal, “fue acusada de homicidio calificado cuando en realidad debió de tomarse en consideración jurídicamente que se trata de una legítima defensa, por lo que debió de ser absuelta en la primera instancia, pero la jueza, Dora Luz López la sentenció a 25 años de prisión sin tomar en consideración todas las pruebas que presentó la defensa”.

Añadió, que fue la defensa la que presentó “la declaración de Maricela, un peritaje en antropología social con perspectiva de género que estableció que vivió en un contexto de violencia feminicida durante los tres años que vivió con ese señor y ante la indiferencia de las autoridades estatales y comunitarias para combatir la violencia de la que era víctima; un peritaje en sicología clínica que estableció contundentemente que en esos momentos ella estaba en un estado sicológico emocional en el que estaba viviendo esa experiencia que además es objetiva, de un taque feminicida y que tenía que defender su vida”.

Esas pruebas, abundó Fernández Camacho, “no fueron valoradas por la jueza; únicamente tomó en cuenta un testigo singular que no tenía ningún soporte, y además ese testigo singular también fue testigo de cómo el occiso la amenazó, la regañó y le empezó a reñir de que no le servía bien la comida y la amenazó con que la iba a golpear y después empezó a escuchar la pelea”.

Mientras la litigante se encontraba en la audiencia de vista con tres magistrados adentro del palacio de justicia, en la entrada, las aproximadamente 30 mujeres, que colocaron cartulinas en las pilastras, exigían “justicia” y la “liberación inmediata” de la joven encarcelada.

Una vez que concluyó la diligencia, al medio día, Fernández Camacho explicó que acudió para reunirse con los tres togados, porque “presentamos un recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva; hemos venido a decirles a los magistrados que ratificamos los agravios que presentamos por escrito y que exigimos enérgicamente la libertad de Maricela porque se trata de un caso más en el que el Estado no garantizó el acceso a una vida libre de violencia y además está criminalizando a una mujer indígena que no sabe leer ni escribir, que vive en extrema pobreza y está dejando a sus pequeños en estado de orfandad por la responsabilidad del Estado”.

Dijo que los magistrados le informaron que “en tres días nos notificarán la resolución, que esperamos sea positivo y que ordenen la inmediata libertad de Maricela. Las audiencias son privadas, no podría entrar más gente, pero ella debía estar y no la trajeron; lo importante es que resuelvan su libertad. Los magistrados tienen la oportunidad de subsanar la falta de perspectiva de género y de enfoque intercultural y de derechos humanos que aplicó la jueza de primera instancia”.