Hay quienes consideran a Tamaulipas “el estado más violento de México” y no es para menos si tomamos en cuenta diversos diagnósticos que dan cuenta de ello. Recientemente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas dio a conocer que nuestro país supera las 100 mil personas desaparecidas, siendo la entidad fronteriza la segunda que concentra la mayoría de los casos (al 30 de mayo de 2022, se registran 11 mil 989), únicamente detrás de Jalisco. Asimismo, de acuerdo con los datos acumulados por 58 años en dicho registro, Tamaulipas es el estado de la República con más incidencia de desapariciones de mujeres, tiene registrada una tasa de 69.5 por cada 100 mil habitantes de mujeres que continúan desaparecidas, acumulándose un total de 2 mil 452 en la entidad.
Se trata de una de las cifras más crudas y preocupantes para una nación en consolidación de su democracia que no se encuentra en estado de guerra. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? En 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda identificaba una de las zonas que explican la tragedia: un lugar en la sierra de Nuevo Laredo con capacidad para desaparecer a un centenar de personas, incinerarlas, destruir sus restos óseos u ocultarlos. Un centro de exterminio cerca de la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, no es el único lugar registrado ese año. Las autoridades hallaban otro sitio de horror, un campo cerca de una playa: La Bartolina, en el municipio de Matamoros, en el mismo estado.
Tamaulipas, foco rojo del crimen organizado desde hace más de una década, especialmente desde la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón en 2006, continúa en los primeros puestos de la narcoviolencia. La Evaluación Nacional de Riesgo 2020, detecta la presencia en el territorio de células de lo que fue el cártel del Golfo y Los Zetas, con dominio del cártel Noreste. La tasa de homicidios dolosos no se hace esperar. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015, previo al inicio del sexenio del actual gobernador de la entidad, se registraron mil 383 casos de homicidio doloso; en el primer año del nuevo gobierno panista los números fueron en aumento, con un total de mil 513, alcanzando su cifra más elevada, con mil 620 casos, en 2017; mismo año que registró el mayor número de reportes por extorsión en Tamaulipas con 182 casos. Además, es señalado como uno de los estados con más homicidios de periodistas. La percepción de la población lo ratifica, según estima la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVPSP 2021), 55.4 por ciento de la población de 18 años y más considera la “inseguridad” como el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa; seguido de la salud, con 46.4 por ciento, y el desempleo, con 43.3 por ciento.
Lo anterior es correlativo al deterioro de los sistemas de justicia en la entidad en rubros que tienen que ver con derechos de las víctimas; adhesión al debido proceso e imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en los ámbi-tos de procuración e impartición de justicia. Otra cuestión que explica el estado de cosas y las cifras de esa entidad es la falta de avances en materia de anticorrupción conforme a lo detectado por el reciente informe de World Justice Proyect. A esto último se puede sumar el conjunto de indicios que se han dado a conocer en la opinión pública, que señalan al actual gobernador de Tamaulipas en la realización de operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos, posible obtención de recursos de procedencia ilícita, particularmente derivados de la delincuencia organizada, así como desvío de recursos públicos. Razones por las cuales se inició un procedimiento constitucional de desafuero, mismo que se encuentra en fase de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En política no hay coincidencias.
Aunando a las varias problemáticas que se deben tomar en cuenta en la próxima elección de ese estado, se encuentra el conocimiento sobre el uso faccioso de las instituciones, particularmente del uso político en el ámbito de procuración de justicia contra los presidentes municipales pertenecientes a Morena en los principales municipios de la entidad, que padecen la persecución del fiscal general del estado. De igual manera, en materia de corrupción en el ámbito electoral, que abarca el involucramiento de la delincuencia organizada en los procesos electorales, la participación de empresarios en el financiamiento a las campañas y peculado electoral, en el cual ha habido constancia del derroche de recursos públicos, condicionamiento de programas sociales y la presión a las y los electores con la amenaza de perder los apoyos si no votan por determinado candidato (a).
¿Qué está pasando en Tamaulipas? Los números y las evidencias hablan por sí solas.
