Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, obtuvo un amparo que emplaza a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, a más tardar en 60 días naturales, defina si judicializa o no la carpeta de investigación que se le inició por presuntos delitos electorales. El juez de la causa afirmó que el retraso en las pesquisas viola el derecho de acceso a la justicia, al mantener al quejoso en la indefinición jurídica

Julio Veredín Sena Velázquez, titular del juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal del primer circuito, le otorgó la protección de la justicia federal debido a que consideró que la indefinición de la fiscalía deja al quejoso “en total incertidumbre respecto del derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita, siendo que en un estado de derecho no puede admitirse que la autoridad aplace indefinidamente la resolución procedente por falta de actuaciones”.

Manifiesta que el simple transcurso del tiempo afecta la esfera jurídica del quejoso, dejándolo “en total incertidumbre respecto del derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita”.

La investigación en contra de Pío López Obrador comenzó luego de que se publicaran en Internet un video donde aparece en un restaurante acompañado de David León Romero, ex coordinador Nacional de Protección Civil, recibiendo bolsas de papel que supuestamente contenían dinero.

El fallo del juez ordena “resolver lo concerniente conforme al derecho procede, pues así lo obliga el artículo 21 de la Constitución federal al fiscal responsable, a efecto de integrar debidamente la investigación para emitir una determinación definitiva”.

Puede impugnar la fiscalía

Por tratarse de una sentencia de primera instancia, la FGR puede impugnarla aún ante un colegiado.

Cabe señalar que el Instituto Nacional Electoral solicitó a la FGR copia de esta carpeta de investigación, sin embargo, la fiscalía acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar entregarla, obteniendo de los ministros una suspensión provisional que le evita cumplir esta petición, hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo del asunto.