Durante 32 días, más de 200 integrantes de la comunidad de Wuaut+a-Kuruxi Manuwe (San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo, Tuxpan de Bolaños), ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, caminaron 900 kilómetros para llegar a la Ciudad de México, visitar la Basílica de Guadalupe y tocar las puertas de Palacio Nacional. Pertenecen al pueblo wixárika, “la gente”, “los de corazón profundo que saben”. Su objetivo: entrevistarse respetuosamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Peregrinos incansables, organizaron la Caravana de la Dignidad y Conciencia wixárika para que se les restituyan sus tierras y territorios, invadidos ilegalmente por ganaderos mestizos, protegidos por autoridades agrarias. En su caminar, llevan ofrendas, realizan rituales y aprenden de la voz de sus dioses lo que dice la costumbre.
No obstante ser una unidad demográfica, étnica y cultural compacta, el territorio wixaritari se esparce, semejando una mano, a través de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Los linderos entre unos y otros los separan en fronteras artificiales. A pesar de contar con tierras amparadas en títulos en su favor desde 1718, en plena época colonial, se enfrentan a agresivos colonos mestizos que adquirieron ilegalmente esos predios a principios del siglo pasado. Los nuevos conquistadores, comenzaron rentando pastos de la comunidad y luego se quedaron con las tierras.
La situación se ha enredado más a lo largo de los años, por la sobreposición de planos entre dotaciones provisionales, resoluciones presidenciales, omisiones y negligencia de la Reforma Agraria. En lugar de hallar una solución al conflicto, autoridades gubernamentales de diverso nivel les han dado largas. Muchas de ellas han jugado sus cartas legalizando el despojo en favor de los “pequeños propietarios”.
El 6 de enero de 1992 se dio por finalizado el reparto agrario en el país. De un plumazo, fueron suprimidos los preceptos que reglamentaban la prohibición del latifundio y la repartición de la tierra, y señalaban las instituciones encargadas del mismo. No obstante este desfavorable marco jurídico, las comunidades wixárikas, dotadas de una paciencia centenaria, han logrado recuperar parte de sus territorios echando mano de todo resquicio legal a su disposición.
Incansablemente, a lo largo de las últimas décadas, han tocado, una y otra vez, con cohesión, firmeza y flexibilidad, la puerta de las instituciones gubernamentales para exigir justicia. Han asistido a innumerables y, con frecuencia estériles, reuniones oficiales en Tepic, Guadalajara y Ciudad de México. Y, para ser vistos más allá de sus hermosas artesanías, ante la falta de solución a sus demandas han tomado calles y recuperado, por la vía de los hechos, terrenos que les pertenecen.
La movilización huichola por la apropiación de su territorio tiene largo camino andado. Pese a innumerables adversidades, en los últimos años se ha reconstituido como pueblo. En marzo de 1997 marcharon por primera vez en la ciudad de Guadalajara, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Desde entonces no han cesado. Las protestas se han expandido por oleadas, combinando trámites agrarios, ocupación de tierras, peregrinaciones, ritos y largas caravanas.
La resistencia wixaritari abarca muchos aspectos, además del agrario-territorial. Las multiplicación de concesiones mineras a empresas devastadoras, como la de Wirikuta, es uno de los más bárbaros eslabones de una cadena de agresiones.
Como pueblo, conserva su religiosidad alrededor del culto al venado, el peyote y el maíz. Estas prácticas chocan no sólo con otras expresiones religiosas sino, también, con la legislación. Es común el hostigamiento de los uniformados contra sus expresiones de devoción y la destrucción de sus sitios sacros. La policía ha agredido a jicareros (peregrinos comisionados por su comunidad) durante sus ceremonias. Grandes empresas agroindustriales, que inhiben la lluvia mediante detonaciones en el cielo para dispersar las nubes, destruyen la vida campesina en el desierto de Wirikuta. Las zonas sagradas en Hara Mara (San Blas, Nayarit) fueron concesionadas a empresas turísticas. Los principales centros de oración han sido mercantilizados. Importantes sitios sagrados fueron inundados por las presas de La Yesca y El Cajón, Nayarit. El proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, Jalisco, destruyó y sepultó el sitio sagrado Paso del Oso.
Los wirras mantienen vivas sus formas de organización social, lengua, autoridades tradicionales y sistemas normativos, en confrontación permanente con la imposición gubernamental de autoridades. Por ello, han enfrentado todo tipo de calumnias. Para estigmatizar su último peregrinar a la Ciudad de México, se difundió dolosamente la calumnia de que estaba patrocinada por Movimiento Ciudadano.
Los caravaneros de la Dignidad y Conciencia comenzaron a andar el pasado 22 de abril “con la finalidad de solicitar al Ejecutivo federal que les sea restituido el territorio que el 15 de julio de 1953 les fue reconocido por resolución presidencial que ampara 240-447 ha-4a-Oca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre del mismo año; como antecedente, en 1718, la Corona española, mediante título virreinal, reconoció al pueblo wixárika como dueño legítimo de sus tierras”.
El esfuerzo no fue en balde. Este lunes 30, el presidente López Obrador los recibió en Palacio Nacional y se comprometió a restituirles 11 mil hectáreas. Hoy, la justicia para el heroico pueblo wixárika, está un poco más cerca.
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