La Cámara de Diputados incumplirá con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 17 de mayo le dio un plazo de 10 días hábiles para reformar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con el fin de corregir deficiencias en materia de respeto a derechos humanos.
Además, las comisiones de Seguridad y Gobernación señalaron que el dictamen a tres iniciativas que se han presentado en la materia se hará conforme a “los tiempos legislativos”.
Aun cuando la Corte emplazó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), a que de ser omiso, le impondría sanciones que incluyen separación de su cargo e incluso consignación por desacato, en su lugar la respuesta la dará este martes el jurídico de la cámara.
Desde el 29 de octubre del año pasado, la cámara recibió la primera notificación que le ordena atender deficiencias en dos rubros: la falta de previsión del uso de la fuerza y la falta de previsión de la sujeción del uso de la fuerza a los principios de racionalidad y oportunidad.
Vencido el primer plazo, en lugar de procurar que las comisiones legislaran en la materia, Gutiérrez Luna solicitó una prórroga, que fue desechada por la Corte.
Hasta este lunes, las juntas directivas de las comisiones unidas de Seguridad y Gobernación aprobaron revisar tres iniciativas que hay en la materia, así como circular para su lectura el fallo de la corte del 17 de mayo. El acta de la reunión de ayer será incluida en la respuesta del jurídico a los ministros, para comprobar que la cámara ya trabaja para atender la resolución judicial.
Durante la reunión, de carácter semipresencial, las comisiones informaron que la Mesa Directiva les turnó tres iniciativas de reforma a dicha ley, una de la diputada perredista Gabriela Sodi, otra de la bancada de Morena y una más de Acción Nacional.
Aun cuando las iniciativas ya fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria y que ambas comisiones las recibieron, uno de los acuerdos fue enviarlas por correo electrónico a los integrantes de ambas instancias. Por la misma vía se les distribuirá la sentencia de la Corte.
Esto, con objeto de que los diputados envíen a las secretarías técnicas de ambas comisiones, comentarios y aportaciones, con objeto de que se redacte un anteproyecto de dictamen “con el mayor consenso posible… de acuerdo con los tiempos legislativos”.
En la reunión, el jurídico de la cámara, Luis Genaro Vásquez, dijo a los diputados que la sentencia de la Corte sólo implica que “se informe y remita copia certificada de las constancias que acrediten los actos legislativos tendientes al cumplimiento del fallo”.
