El próximo domingo se realizará en Quintana Roo la primera consulta popular en el país para definir si se mantiene o se retira la concesión de servicios de agua potable a un organismo privado. Esto ocurre en un contexto de privatización en la distribución del líquido que se ha dado en seis organismos operadores –de alrededor de 2 mil 500– con experiencias negativas: los ciudadanos sufren de cortes frecuentes, cobros excesivos y no se resuelven los problemas de fugas de agua, señalaron organizaciones.
La consulta popular se hará al mismo tiempo de la elección de gobernador en Quintana Roo, para definir si sigue la empresa Aguakán en los municipios de Solidaridad, Puerto Mujeres, Benito Juárez e Isla Mujeres, informó Enrique Burton, coordinador de la Asamblea Social del Agua en Playa del Carmen.
En el foro Privatización del agua, emergencia nacional, convocado por la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Claudia Romero, de Bajo Tierra Museo del Agua, se refirió a la reciente decisión del congreso de Querétaro de privatizar los servicio de agua potable, en un contexto de alta urbanización en la capital. “Ha crecido 17 veces su mancha urbana y cuatro veces su población. La privatización favorece ese proceso de sobreurbanización”.
Odebrecht, entre las empresas beneficiadas
Gloria Tobón, de Agua para Todos, explicó que en México el proceso de privatización ha avanzado en seis organismos operadores y desde hace 30 años se promueve la participación privada.
Indicó que hay dos casos de privatización que se revirtieron: Navojoa, Sonora, y Ramos Arizpe, Coahuila. Siguen privatizados los servicios en Aguascalientes, desde 1993, al igual que en Cancún. En Saltillo ocurrió en 2001, en Puebla en 2014, en el puerto de Veracruz y en Medellín en 2015, en Boca del Rio, Veracruz, y Solidaridad, Quintana Roo, en 2017. Las empresas son Veolia, Suez y Odebrecht, entre otras.
Dijo que aunque los cortes de agua son inconstitucionales, la empresa Aguas de Saltillo aplica más de 100 mil cortes de agua al año. El año pasado, en plena pandemia, fueron 120 mil cortes. “La empresa da poca atención a la reducción de fugas, las cuales se mantienen en alrededor de 40 por ciento; extrae más agua de la autorizada, aumenta las tarifas por encima de la inflación, contrario a lo que dice el contrato, y las reconexiones son muy costosas”.
A su vez, Óscar Olivera, de la Red-Vida de Bolivia, relató la experiencia de privatización del agua en Cochabamba, lo cual provocó un gran movimiento. “Se colocaron barricadas para evitar este proceso porque la gente se dio cuenta de que se afectaba su vida cotidiana, y el agua se convertía en mercancía. La meta común fue desprivatizar el agua; esto empezó en 1999 y se logró en 2000”.
