El convenio Ebrard-Teletón (12/5/20) para “atender” la epidemia covid-19 no tuvo los mejores resultados (Gustavo Leal F.: “Ebrard y el sector privado de la salud”, La Jornada, 19/9/20). Y a pesar de los oscuros orígenes –supuestamente vinculados a los Legionarios de Cristo y Marcial Maciel– además del maratón “caritativo” al captar los (poco transparentes) fondos impulsado por Televisa durante el neoliberalismo, el presidente López Obrador firmó otro convenio (12/8/21) con la misma Fundación Teletón. Recién lo recordó en la conferencia matutina del 9/5/22.
Incluso, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la ONU recomendó al gobierno mexicano “establecer” una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe “acometer” para la rehabilitación de las personas con discapacidad ( Proceso, 10/5/14).
Frente a las limitaciones de las instituciones públicas, AMLO comunicó en agosto de 2021 que “es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización civil, porque habíamos decidido entregar todo de manera directa”. Se trata de usar la infraestructura de 24 Centros Teletón con el Programa de Apoyo para la Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de 20 mil niñas, niños y jóvenes con discapacidad de entre cero y 17 años. Así, los padres se inscribirán en la Secretaría de Bienestar y, después de un diagnóstico que establecerá el plan de rehabilitación, con credencial y vales, se acudirá a citas en las instalaciones-Teletón.
Fernando Landeros, presidente de la Fundación, lo calificó de “histórico” y se comprometió a ofrecer servicios de “alta calidad”. Con los antecedentes del convenio-Ebrard 2020 cabe preguntar si efectivamente lo serán.
Es un hecho que se carece de suficientes centros de rehabilitación para atender 6 millones de personas con discapacidad (Inegi, 2021). Aunque sobre el convenio presentado por Landeros en la conferencia matutina del 12 de agosto de 2021, conviene establecer que el paquete de beneficios ofrecido está constituido por servicios de primer y segundo nivel. No de alta especialidad.
Los servicios de diagnóstico: medicina física y rehabilitación, clínica integral, sicoanálisis e integración social ofrecidos son básicamente consulta externa de primer nivel. Además de que los términos de “clínica integral e integración social” son ambiguos. Y, a reserva de conocer los costos de estos rubros en el convenio-Landeros, resulta útil la referencia de los costos unitarios por nivel de atención médica en el IMSS vigentes al 2021 ( DOF, 28/12/20) dónde estas intervenciones están entre mil 324 pesos y mil 162 pesos por consulta.
Por lo que hace a los servicios de tratamiento: terapia física, ocupacional, de lenguaje, pulmonar, electroestimulación orofaringea, terapia robótica, toxina botulínica, capacitación de enfermería y asistencia tecnológica, hay que destacar que se trata de intervenciones rutinarias y básicas de segundo nivel. Hoy día existen terapias de tratamiento mucho más vanguardistas y efectivas. Debe aclararse también que tanto la “capacitación de enfermería” como la “asistencia tecnológica” no constituyen como tales un “servicio”. Son acciones integrales del proceso médico. Los tabuladores IMSS reportan mil 676 pesos por sesión de terapia física; 115 pesos por ocupacional y 206 pesos por pulmonar y de lenguaje.
En lo que toca al seguimiento terapéutico se ofrecen básicamente consultas de diferentes especialidades de primero y segundo nivel: comunicación humana, nutrición, clínica de inclusión, que en los tabuladores (IMSS) suman mil 463 pesos.
Los servicios auxiliares de diagnóstico: electroneurodiagnóstico, uroproctodinamia, pruebas de función respiratoria, análisis de la marcha, son estudios básicos, no caros. En tabuladores IMSS, el electroneurodiagnóstico: 581 pesos y las pruebas de función respiratoria 206.
A reserva de establecer los precios unitarios de cada intervención, en el convenio-Landeros no se contemplan los grandes estudios de resonancia magnética, tomografía, PET y radiointervencioniso –entre otros–, todos ellos esenciales para un adecuado y completo análisis de diagnóstico ante la discapacidad.
No es una mala cartera de servicios, sobre todo porque es para quienes ca-recen de todo. Pero se ubica entre los niveles básico e intermedio de atención.
Así que vistos los “resultados” del convenio-Ebrard (mayo 2020), tal vez el Presidente pudo mejor haber seguido entregando los recursos de manera directa antes de subsidiar “por primera vez” en la 4T a esta suerte de cuasi Segurito Popular en la delicada tarea de la rehabilitación: te pago lo más básico pero te lo vendo como lo más indispensable, aunque, estrictamente, sea sólo esencial y esté estupendamente colocado a buenos precios de mercado, aunque sea esencial. ¡Justo como el –afortunadamente ya extinto– Seguro Popular!
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
