En el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora mañana sábado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) destacó que el país aún tiene retos importantes sobre la transparencia y rendición de cuentas en materia de combate a este flagelo.

“Resulta particularmente preocupante que, a cuatro años de la publicación de la Ley General contra la tortura, autoridades federales y locales hayan incumplido con su obligación de crear y operar el Registro Nacional del Delito de Tortura”, concebido como una herramienta para la investigación y la transparencia sobre su recurrencia, expuso Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.

Asimismo, dijo, “está aún pendiente la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura”, instrumento de política pública que las autoridades federales debieron haber emitido.

En este sentido, en un comunicado, llamó a garantizar el derecho a la verdad que tienen las personas sobrevivientes y la sociedad mexicana en general.

También Fernández-Maldonado reconoció la declaración pública que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que la tortura no será una práctica tolerada en su administración, así como su llamado a las instituciones del Estado a evitar incurrir en esta grave violación a los derechos humanos.

“Corresponde ahora que esta importante declaración se traduzca en información y datos claros que permitan a la sociedad mexicana y en especial a las personas sobrevivientes de tortura constatar que las instituciones trabajan de forma efectiva para erradicar esta nociva práctica y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la no repetición”, señaló.

Indicó que la ONU-DH ha acompañado la iniciativa de la sociedad civil del Observatorio contra la Tortura que, mediante la plataforma sintortura.org, ha buscado sistematizar y dar visibilidad a las respuestas a solicitudes de acceso a la información sobre este tema, con datos que revelan el actuar a nivel nacional de las autoridades en el combate a la tortura.

A través de dicho Observatorio también ha podido constatar que muchas autoridades en el nivel nacional no tienen sistematizada la información que en el ámbito de su competencia deberían poseer sobre incidencia de la tortura y las medidas para erradicarla.

Por otra parte, la ONU-DH alentó a que se lleve a cabo lo más pronto posible la segunda Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. “Con la primera encuesta realizada en 2016 se tuvo, por primera vez, un panorama más claro sobre los desafíos del combate a la tortura en México”, añadió.

También, refrendó su compromiso de acompañar a las personas sobrevivientes de tortura en sus demandas de verdad, justicia y reparación y reiteró su plena disponibilidad para seguir brindado su asistencia y cooperación técnicas al Estado mexicano.