Chilpancingo, Gro. La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denunció que a 26 años de la masacre de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero “la justicia no llega. Siguen sin castigo los responsables de la masacre, se sigue protegiendo a los principales responsables. Se pretende el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y el ‘castigo’ a encarcelados ya liberados, chivos expiatorios”.

En un comunicado de prensa fechado en el poblado de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, denunciaron que se gastaron millones de pesos “en vanidades políticas, con evidente presencia de la delincuencia organizada, que amplió el abanico de sus colores y en varios casos abiertamente se dice “morenista”.

Desde arriba se habla de cambio de régimen, “pero en muchos casos, los impulsores del ‘nuevo’, nacieron y crecieron políticamente en el régimen anterior. ¿De veras cambiaron su visión política o solo de camiseta?; los resultados nos hacen pensar que veremos el segundo tiempo del mismo juego. Fortalecer el capitalismo, atraer más capitales, más trasnacionales, más monopolios; más despojos a pueblos y comunidades; desactivar y deslegitimar los movimientos y la protesta social”.

Seguimos creyendo que las transformaciones que México necesita “solo serán viables, si son cambiadas las bases de la estructura de la riqueza y las relaciones de poder y dominación, violentas, excluyentes, racistas y patriarcales. Y eso solo se puede hacer desde abajo y a la izquierda”.

En Guerrero, un nuevo concepto, “Torita”, ya no toro, vaca, becerro o becerra. Que anoten los de la Academia de la lengua guerrerense “no tenemos dudas, mandará el toro. No es discriminación, es jugada política”.

Tanto en la Sierra como en otros lugares del estado “la delincuencia organizada hace el trabajo sucio, hostiga, agrede, desaparece y asesina a periodistas honestos y a luchadores sociales. Tenemos que seguir rascándonos con nuestras uñas para defender el bosque, la tierra, el agua, los derechos constitucionales y los derechos humanos”.

Pero es 28 de junio, un año más, ya van 26, y la justicia no llega: “¿Se podrá equiparar la destitución de un cargo público con las muertes de los 17 compañeros y más de 23 heridos? ¿A esto le llaman justicia?. Un año más en que se repite el ritual de la dádiva económica; un año más para los golpes de pecho, el llanto y las vestiduras desgarradas de los que vieron los hechos desde lejos”.

Algunos culpables siguen vivos, otros muertos, pero, aunque mueran, siguen siendo culpables. Y exigimos justicia, verdad y castigo “el principal culpable, el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Otros, el general Arturo Acosta Chaparro, ya muerto, que fue parte de la planificación y la ejecución; el gabinete gubernamental estatal de entonces; el ex presidente Ernesto Zedillo”.