Ciudad de México. Como resultado de las investigaciones relacionadas con la llamada estafa maestra, un juez federal, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a proceso penal a Juan Manuel Arroyo ex titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI), de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y a Noé Molina Rusiles, rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por haber desviado más de 300 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

El Ministerio Público Federal indicó que “el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a Juan Manuel ‘L’, ex servidor público, y Noé “M”, funcionario de una universidad en el Estado de México”.

Asimismo, dicho juez impuso como medidas cautelares a los vinculados a proceso la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual. Fijó también cuatro meses como plazo de investigación complementaria.

Información obtenida de funcionarios judiciales refiere que durante el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso se mencionó que López Arroyo contrató indebidamente servicios con recursos económicos públicos y solicitó el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico.

En tanto, Noé Molina, en su carácter de rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, tomó parte de la contratación de servicios y se le imputa haber ocasionado un daño a la hacienda pública federal por más de 319 millones de pesos, ya que el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación, ya que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl subcontrató 98 por ciento del importe recibido y además no prestó el servicio.