Buenos Aires. Una abrumadora guerra judicial y mediática se lleva a cabo contra el gobierno de Alberto Fernández, encabezada por los grandes medios de comunicación, la dirigencia de la derechista alianza Cambiemos (Juntos por el Cambio) además de numerosos jueces y fiscales. Aliados a la pasada administración del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), varios de ellos fueron nombrados sin cumplir con los requisitos legales y se dedicaron a crear causas, sin pruebas, para desestabilizar en su momento a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la nación.

Mediante dichas causas, en su mayoría basadas en informes publicados en medios de comunicación, como demuestran investigaciones recientes, se montó una guerra despiadada y se llevó a prisión ilegalmente a ex funcionarios, empresarios, dirigentes políticos y sociales, sin haber sido juzgados. Muchos de ellos, como la dirigente Milagro Sala de la organización Tupac Amaru y ocho compañeros suyos siguen detenidos, víctimas de una persecución política.

En las últimas horas el presidente Fernández, fue citado como ex jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, junto al titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, para declarar como “testigos” en una causa que investiga una supuesta adjudicación ilegal de Obra Públicas a la empresa Austral del empresario Lázaro Baéz, víctima también de ilegalidades.

También se convocó a los ex funcionarios de Cristina Fernández Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich; Carlos Zannini; Aníbal Fernández ex jefe de gabinete de Critsina de Kircher en esta causa que impulsó el ex titular de Vialidad Nacional de Cambiemos, Javier Iguacel, por presuntos "sobreprecios" en las obras entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, a pesar de que los propios auditores técnicos negaron que existiera esta situación ante el Tribunal Oral Federal.

La defensa de la vicepresidenta demostró que no podían existir los “sobreprecios” ya que los presupuestos pasaron por numerosos controles y firmas, entre ellos los de la jefatura de gabinete y todo el Congreso.

En tanto, los miembros de la sala 1 de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, brazo judicial del gobierno de Cambiemos, nombrados por Macri avalaron hace dos días el pedido de allanamiento al laboratorio Astra Zéneca al juez Julián Ercolini en una causa que impulsa el fiscal Guillermo Marijuan por “la demora en la llegada de vacunas”.

“El aparato judicial alineado con Juntos por el Cambio, se dispone a concretar una maniobra que puede tener repercusión en la vacunación en la Argentina e impacto a nivel internacional” por esta causa creada a partir de la denuncia realizada por Josefina de Elizalde, titular de Acción Conjunta Republicana, quien nunca tuvo el objetivo de mejorar la vacunación sino de apuntar contra el Gobierno. Por eso pidió que se impute a Alberto Fernández, Ginés González García y Carla Vizzotti, como si hubiera existido un acuerdo entre los funcionarios y el laboratorio para atrasar la llegada de vacunas” destacó el analista Raúl Kollman del periódico Página 12.

El juez Ercolini rechazó la pretensión del fiscal diciendo que era excesivo un allanamiento y ahora la Cámara lo instó a que ordene el allanamiento de la empresa y la confiscación de computadoras y celulares.

En este mismo esquema Socma, la empresa de la familia Macri logró que la justicia porteña se haga cargo del juicio por la falta de pago de la deuda que tienen con el Estado nacional por la concesión del Correo Argentino. De esta manera el máximo tribunal de la Ciudad anuló la resolución de la Cámara Nacional Comercial que rechazó apartar a la fiscal Gabriela Boquín de la causa donde tramita el concurso preventivo, y que evidencia cómo la familia Macri intenta ,desde hace 20 años, intenta no pagar la multimillonaria deuda que tiene con el Estado, después de que el ex presidente intentó en 2017 una “autocondonación”.

La Justicia del gobierno capitalino trata de presionar una nueva decisión que sea más amigable con Macri en la causa que más lo preocupa porque compromete a sus empresas a pagar por la deuda.

En otro tema clave, la justicia aliada al macrismo autorizó que las empresas de telecomunicaciones puedan fijar el importe que deseen en sus tarifas, desconociendo así la normativa del gobierno que impuso topes en los servicios declarados esenciales ante la pandemia. Se violan las disposiciones del Ente Nacional de Comunicaciones las empresas reafirman su potestad para fijar los precios por fuera de los establecidos por el gobierno.