Toluca, Méx. Madres, hermanas, hijas y esposas de personas recluidas en cárceles de la entidad se raparon ante las oficinas del Poder Judicial del Estado de México en esta capital para denunciar a jueces que se han negado a aplicar la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso local a finales del año pasado.

Las familiares de reos indicaron que, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha declarado procedente la amnistía por violaciones a derechos humanos en varios procesos, los juzgadores se resisten a aplicar la dispensa porque “esto implicaría un reconocimiento tácito de que se equivocaron”, indicó Antonio Lara, abogado y director del Centro Zeferino Ladrillero, organismo defensor de las garantías de personas privadas de la libertad.

Con la consigna “libres se los llevaron, libres los queremos”, las mujeres exigieron a gritos la aplicación de la Ley de Amnistía y afirmaron que la negativa hace evidentes los abusos del sistema judicial, la fabricación de pruebas por parte del Ministerio Público y otras faltas al debido proceso que ameritan decretar la libertad de los afectados.

“Seguimos en exigencia de amnistía. En el estado de México hay muchas personas presas que son inocentes, que no tuvieron un proceso justo, con carpetas fabricadas o violaciones al debido proceso”, expuso la hermana de un convicto acusado de robo de vehículo.

“Nos arrebataron el sustento, nos quitaron la paz y la tranquilidad. No permitiremos más injusticias, más desacato de los jueces. Si derechos humanos ya se manifestó a favor de que se conceda la amnistía, no entiendo por qué los jueces no quieren”, explicó la madre de un joven encarcelado por homicidio.

La Ley de Amnistía aprobada por el Congreso mexiquense está diseñada para beneficiar a personas de escasos recursos o integrantes de grupos vulnerables como indígenas, adultos mayores y mujeres que por falta de una buena defensa permanecen en la cárcel y han sufrido violaciones al debido proceso o a sus derechos humanos.

La amnistía sólo procederá en casos de delitos no graves. Cuando se trate de un crimen de alto impacto como secuestro, homicidio, violación o extorsión, el caso deberá ser analizado por la propia legislatura o la Codhem.

Datos del Poder Judicial del estado señalan que éste ha recibido desde marzo mil 832 solicitudes de amnistía, de las cuales sólo mil 36 se admitieron a trámite y ha concedido 476 liberaciones, 21 de ellas a mujeres.

A su vez, la Codhem ha recibido 582 solicitudes, de las cuales 35 fueron remitidas con opinión favorable al Poder Judicial para que las dictamine, pero de éstas 17 fueron rechazadas “por restricciones legales”, seis están en estudio, una más en prevención y sólo una ha derivado en la libertad del implicado.

Antonio Lara, del Centro Zeferino Ladrillero, declaró que la conducta de los togados genera indignación. “Si la Codhem ya estudió los casos, resolvió que hubo abusos y que la amnistía procede, no hay razón para que los jueces impidan decretar la libertad. Es un orgullo mal entendido, pues lo que se pone en evidencia es que los jueces también se equivocan. No tendría nada de malo que enmendaran su error”, afirmó.