El –aún– secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aporta un dato escalofriante: “Los migrantes que envían dinero a sus familias en México pueden perder el ingreso de hasta dos meses de trabajo en un año de ahorro debido a los márgenes que se quedan algunas casas de cambio en el país, los cuales llegan a representar hasta 20 por ciento de la transferencia”.

La mayoría de los paisanos se vio obligada a dejar su patria ante la falta de oportunidades en su propio país, es decir, fue expulsada por esa suerte de apartheid económico y social que es el régimen neoliberal. Arriesgó la vida para ingresar y laborar en el vecino del norte, donde todavía debe enfrentar el racismo y xenofobia de no pocos estadunidenses. A pesar de ello, puntualmente cumple con la familia y contra viento y marea envía remesas, amén de ser ellas mismas uno de los pilares de la propia economía que los echó.

Pero a los mercaderes nada les importa, salvo caer como buitres sobre las divisas enviadas por los paisanos, de tal suerte que el modelo neoliberal no sólo los expulsó de su patria, sino que armó todo un jugoso negocio privado para seguir esquilmándolos, al quedarse con 20 centavos de cada dólar que envían a sus familias. Son los trabajadores quienes arriesgan y sudan para obtener los recursos, mientras un grupo rapaz, sin mover un dedo, se queda con una enorme tajada.

El –aún– Secretario de Hacienda detalló que la situación descrita “es más extendida en municipios pequeños del país donde los centros de cambio toman un margen de las transferencias probablemente cercano al 15 y 20 por ciento. En localidades aún más pequeñas, la ventanilla principal son tiendas de conveniencia donde también hay riesgos de que se esquilme el recurso”, comentó en un foro del Banco Mundial sobre el futuro de la inclusión financiera. “El objetivo es evitar que en las comunidades con menos opciones de servicios financieros los receptores de remesas vean más reducido el ingreso” ( La Jornada, Dora Villanueva).

Pues bien, es necesario recordar que sólo en las dos primeras décadas del presente siglo el monto acumulado de las remesas enviadas por los paisanos se aproxima a 480 mil millones de dólares, algo así como 40 por ciento del producto interno bruto de México a precios actuales. Sólo en el primer cuatrimestre del presente año acumularon 14 mil 663 millones de billetes verdes, monto 19 por ciento superior al observado en igual periodo de 2020.

Entonces, si por medio de la especulación cambiaria les “retienen” entre 15 y 20 por ciento del monto enviado por los paisanos y se consideran los porcentajes referidos por Arturo Herrera, el atraco es descomunal, porque en el periodo que se cita los buitres se habrían quedado, en términos absolutos y sin mover un pelo, con entre 72 mil y 96 mil millones de dólares, a razón anual promedio de entre 3 mil 600 y 4 mil 800 millones de billetes verdes.

Ese moche va a parar a las alforjas de los especuladores cambiarios y financieros. De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco: Quién es Quién en el Envío de Dinero, febrero de 2020), “entre las empresas en México con mayor número de sucursales para cobro de remesas están Oxxo, con 19 mil 146; Farmacias Guadalajara (2 mil 172), Telecomm (mil 762) y Banco del Bienestar (mil 547). Aunque esta última abarca mil 305 municipios respecto de los mil 221 y mil 40 de Telecomm y Oxxo, de forma respectiva. Inbursa y Caja Popular Mexicana son las que tienen el menor número de sucursales, con 885 y 474, en ese orden”. También Elektra, Walmart, Farmacias del Ahorro, Soriana y, desde luego, los bancos privados.

Eso, por el lado de la pesificación de las remesas. Por el del envío, “Western Union y MoneyGram son las empresas con las mayores comisiones (8 y 10 dólares, respectivamente) y, por tanto, las que menos pesos entregan”.

Las rebanadas del pastel

El tóxico cuan impune barón Germán Larrea, junto con su Grupo México, mordió el polvo: tras 14 años de evasivas, negativas al diálogo y todo tipo de trucos legaloides para no reconocer la huelga que estalló el 30 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo mandó a paseo tras confirmar que la titularidad del contrato colectivo de trabajo en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, pertenece al Sindicato Nacional de Mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, amén de que la huelga siempre ha sido legal.