Los trabajadores migrantes que envían recursos a sus familias en México pueden perder en un año el ingreso de dos meses de trabajo debido a los márgenes que aplican algunas casas de cambio en el país, los cuales llegan a representar hasta 20 por ciento de la transferencia, exhibió Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Comentó que esta situación es más extendida en municipios pequeños del país, donde los centros de cambio toman un margen de las transferencias “probablemente entre 15 y 20 por ciento”. En localidades aún más pequeñas la ventanilla principal son tiendas de conveniencia, donde también hay riesgos de que se esquilme el recurso, comentó en un foro del Banco Mundial sobre el futuro de la inclusión financiera.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestran que el año pasado 13 centros cambiarios obtuvieron 3 mil 503 millones de pesos por esta actividad. En este grupo se encuentran Afirme, Almacenadora Sur, Banorte, Accel, Argo, Moderno, Inter Americana, Del Yaqui, México, Regional Mexicana, Del Valle de México, Generales del Bajío y Almacenadora Mercader, esta última –de origen una empresa de logística, con su mayor número de oficinas en Sinaloa– obtuvo 39.86 de dicho beneficio.

Herrera dijo que se busca limitar el diezmo a las remesas con las tarjetas del Banco del Bienestar para trabajadores migrantes en Estados Unidos, las cuales tienen clabe interbancaria, se puede depositar por medio de remesadoras, hacer transferencias electrónicas desde ese país, depositar efectivo o cheques y retirar en cajeros o comercios.

Agregó que también con el objetivo de evitar que en las comunidades con menos opciones de servicios financieros los receptores de remesas vean más reducido el ingreso, se entablo con la Asociación de Bancos de México un acuerdo por el que todos sus asociados deben “dar las mismas tasas de cambio, sin importar si alguien busca cambiar dólares en la Ciudad de México, en Monterrey o en alguna pequeña comunidad de Oaxaca”.

Préstamos a mujeres

Agregó que otro de los puntos que se busca poner en marcha para impulsar la inclusión financiera es una regulación asimétrica que requiera a los bancos menos reservas para prestar a una mujer que a un hombre y a un costo financiero menor.

“Esta no es una política de equidad, quiero decir, lo puede ser, pero no lo es. Sólo es reconocer que como grupo de prestatarios son menos riesgosas que los hombres.”

Explicó que el sector financiero mexicano está rezagado frente a economías comparables como Chile y Brasil, una parte del diagnóstico es que probablemente el rubro bancario está sobrerregulado. En ese sentido “empezamos a observar los préstamos a las mujeres y encontramos que, con excepción de un crédito en particular, el de consumo, las mujeres pagan mejor que los hombres”.

Las mujeres cubren sus obligaciones financieras mejor que los hombres y si caen en impago regresan más rápido a saldar sus obligaciones financieras. En ese sentido se busca liberar la regulación para poner menos obstáculos a las usuarias de servicios bancarios.