El edificio de la calle Mérida 60, colonia Roma, donde hace dos semanas se registró un derrumbe parcial, está en litigio y no puede ser expropiado para que allí se realice un proyecto de vivienda, señaló la propietaria por sucesión del inmueble Penélope Fernández Izaguirre.

En entrevista, destacó que es falso que las personas que habitaban el lugar hayan pagado renta en algún momento y que los dueños se hayan ausentado, como afirmó el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, para justificar el proceso de incautación del predio, que inició en 2022.

Explicó que tras un largo juicio de sucesión la jueza trigesimosegunda de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia capitalino emitió un fallo que la reconoce como propietaria, lo cual consta en la sentencia definitiva del expediente 651/2021, con fecha 18 de abril de 2023, aunque ahora se encuentra en un nuevo litigio para que se haga la inscripción correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio local.

Al respecto, el funcionario señaló que la dependencia a su cargo tiene acreditado que desde hace dos décadas el edificio se encuentra en total abandono y que en él han habitado familias en situación precaria, lo cual puede ser corroborado por vecinos y transeúntes.

Insistió en que algunas personas que vivían en el inmueble han pagado renta a personas que se presentaban como dueños o con derechos sobre el edificio, el cual está catalogado como de valor artístico tanto a nivel federal como local.

El funcionario expresó que la autoridad está dispuesta a dialogar y si alguien acredita la propiedad del inmueble, “estamos dispuestos a llegar a una expropiación concertada o a un acuerdo de compra- venta; en tanto, el proceso de enajenación cuando nadie reclamó el edificio continuará.

Fernández relató que el inmueble fue adquirido en 1980 por su padre, quien en algún momento –dijo no saber en qué fecha– permitió a dos mujeres vivir en uno de los cuartos como una acción de caridad, por lo que nunca hubo un contrato de arrendamiento oral ni escrito.

Sin embargo, en 2020 su padre enfermó y tuvo que ser hospitalizado y es cuando las inquilinas empezaron a llevar a otras personas para simular que vivían en el lugar; motivo por el cual presentó una denuncia penal por despojo, la cual no procedió toda vez que el Ministerio Público argumentó que no se configuraba el delito porque nunca se le negó el acceso al lugar.

Admitió que el inmueble es de alto riesgo y el ingreso de más personas agravó más la situación, incluso hubo problemas como fugas de agua, por lo que en 2023 presentó una nueva denuncia penal por daños a la propiedad, que tampoco prosperó.

En ambos casos se buscó llegar a una solución por medio de un proceso de mediación; sin embargo, los inculpados nunca se presentaron.

En tanto, el secretario de Vivienda expresó que el registro más reciente que se tiene sobre el inmueble aparece una persona moral como propietaria del edificio y el propósito es que el gobierno se haga cargo de la restitución de su valor patrimonial a fin de que se destine a vivienda adecuada y asequible para las personas que han vivido allí desde hace muchos años.