Santiago. La histórica senadora socialista Isabel Allende Bussi, destituida por el Tribunal Constitucional (TC) que la culpó de transgredir una disposición que impide a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado, se despidió este martes pronunciando un vibrante discurso en el cual alegó inocencia y ser víctima de una injusticia, pero que acata el fallo y asume la responsabilidad de haber desconocido el impedimento porque actuó confiando en la institucionalidad.

Ella pudo hablar en la Sala del Senado porque el fallo del TC no ha sido formalmente notificado ni conocido su sustento.

Allende Bussi y su sobrina Maya Fernández, ex ministra de Defensa del presidente Gabriel Boric, iban a beneficiarse financieramente de la adquisición, por parte del Estado, de la que fue la vivienda del ex presidente Salvador Allende Gossens, padre y abuelo de ellas, respectivamente –operación dada a conocer el 31 de diciembre de 2024–, para convertirla en un museo de memoria y homenaje.

Pero el plan trocó rápidamente en fiasco cuando la oposición detectó que se violaban artículos constitucionales. Como desenlace, la operación fue cancelada, la ministra Fernández renunció, la senadora terminó cesada y el gobierno hundido en una más de sus desprolijidades y negligencias.

Lejos de aplacarse, el desatino de la operación se agravó porque una alta funcionaria, Francisca Moya, jefa de la División Jurídica-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dijo que detectaron que la senadora y la ministra no estaban facultadas para contratar con el Estado.

Yo, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero a nosotros nos toca una tarea muy específica. Nosotros realizamos sólo aquellas labores que nos corresponden, que son la revisión de la legalidad de los decretos que firma el presidente de la república, declaró ante una comisión de la Cámara de Diputados.

Rehuyó responder si advirtió a Boric del asunto y arguyó que “a nosotros nos corresponde un aspecto muy específico (…), que es la revisión técnico-legal de este acto”.

Isabel, la menor de las tres hijas de Allende y Hortensia Bussi, dijo que acatar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa; estamos ante un fallo que, más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático. Sí, reconozco que, como parlamentaria con una larga trayectoria, debí haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo esa responsabilidad. Pero no soy abogada y actué confiando en la institucionalidad.

Al respecto, argumentó que luego de la resolución oficial para adquirir la vivienda, actuamos como corresponde, siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el gobierno. Quizás mi error fue no haber consultado más. Pero ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilitación constitucional.

La heredera política del ex presidente Allende justificó que la cuestionada compraventa era para el cumplimiento de un fin público, impulsada por el gobierno. Así, pese a que se celebraría un contrato para la satisfacción de un fin público, el que nunca se celebró, no se concretó, seré cesada de mi cargo como senadora de la república.