Washington. Al continuar la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los migrantes, el Departamento de Seguridad Interior revocó ayer todas las autorizaciones de residencia que se otorgaron a través de la aplicación CBP One, y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) acordó compartir datos fiscales con el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) para identificar y deportar a trabajadores sin papeles con antecedentes penales.

Todos los migrantes que consiguieron autorización temporal para vivir en Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, en el gobierno de Joe Biden, recibieron la orden de abandonar el país de inmediato o se expondrán a multas de mil dólares por día.

No estaba claro cuántos beneficiarios se verían afectados.

Más de 900 mil personas fueron admitidas en Estados Unidos utilizando CBP One desde enero de 2023. Por lo general se les permitió permanecer en el país por dos años con autorización para trabajar bajo una orden presidencial que les daba permiso de permanencia temporal en el país.

La cancelación de estas autorizaciones es una promesa cumplida al pueblo estadunidense para asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad, afirmó la unidad de asuntos de medios del Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades confirmaron que se enviaron avisos de cancelación a los beneficiarios del programa, sin especificar a cuántos. Además, se les instó a irse de manera voluntaria utilizando la misma aplicación con la que ingresaron, que fue sido renombrada como CBP Home.

Es hora de que abandone Estados Unidos, escribió el Departamento de Seguridad Nacional a una familia hondureña que ingresó a Estados Unidos a finales del año pasado. La agencia Ap tuvo acceso al correo electrónico que recibieron el pasado domingo. Otras familias compartieron el mismo mail en redes sociales.

La organización sin fines de lucro Al Otro Lado, que proporciona ayuda legal a migrantes, aseguró que algunos de los que recibieron los avisos de revocación son de Honduras, El Salvador y México.

La fiscal general Pam Bondi, al celebrar el fallo de la Suprema Corte que permite deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros, de 1798, exigió a los migrantes sin papeles, a quienes calificó de terroristas, que comiencen a empacar sus maletas. Vamos por ustedes. Los vamos a encontrar, declaró a Fox & Friends.

A su vez, el acuerdo entre el IRS y el ICE permitirá a la agencia de migración enviar nombres y direcciones de indocumentados a la oficina de impuestos para su verificación cruzada con los registros fiscales.

El Departamento del Tesoro argumentó que el acuerdo ayudará a cumplir la agenda de Trump de asegurar las fronteras y es parte de su amplia ofensiva nacional contra la migración, que ha resultado en deportaciones, redadas en lugares de trabajo y el uso de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a venezolanos.

Varios activistas aseveraron que el acuerdo atenta contra la privacidad de todos los estadunidenses.

A su vez, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, compartió un video en el cual aparece con el uniforme de policía en Arizona y un rolex de oro sosteniendo un rifle y equipo táctico al lado de dos agentes y se jacta de realizar arrestos y deportaciones de migrantes a los que calificó de sinvergüenzas.

El video formó parte de una operación matutina en la cual participaron alrededor de 100 agentes federales de diversas agencias, incluidas el ICE, la FBI y la DEA.

Asimismo, una nueva ley que promulgó el gobernador republicano de Idaho, Brad Little, puso fin a las campañas de vacunación financiadas públicamente para personas que viven de forma irregular en Estados Unidos.

En tanto, el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador el mes pasado por la administración Trump, pasará otra noche en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, pese a la orden de un juez federal de que sea devuelto a Estados Unidos, reportó FOX5.

En su alegato final ante los jueces, los abogados de Ábrego afirmaron que el razonamiento del tribunal apoya la posición de su cliente de que el gobierno violó sus derechos al debido proceso, en momentos en que 31 senadores estadunidenses exigieron su repatriación.