El Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés) reconoció el trabajo de México por las reformas legales y el compromiso con la protección de los derechos humanos de las personas en esa situación, así como el desafío que representa la política de Estados Unidos en la materia, pero también criticó la estrategia.

Durante el primer día de su sesión y luego de que la delegación mexicana presentó un informe de actividades, los relatores preguntaron la razón del despliegue del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, encargadas de tareas de vigilancia y operativos en contra del crimen organizado y a la vez forman parte de las acciones dirigidas a la protección de migrantes.

Antes, la titular de la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales ubicados en Ginebra y cabeza de la delegación, Francisca Méndez, reafirmó el compromiso del Estado mexicano con la convención internacional en materia de migración.

Subrayó que el país reafirma su apertura al escrutinio internacional y al diálogo constructivo, pues aunque existen avances, persisten desafíos.

En la sesión de preguntas, el relator Pablo Ceriani criticó la participación de las corporaciones militares y policiacas, sobre todo a partir de los casos de uso excesivo de la fuerza donde migrantes han muerto. Recordó varios casos, entre ellos, el ocurrido en Huixtla, Chiapas, en octubre de 2024, cuando militares dispararon en contra de migrantes, seis de los cuales perdieron la vida. Mencionó al cubano Cristóbal Cobreiro, baleado por la Guardia Nacional en un retén donde hubo menores de edad lesionados.

La delegación mexicana respondió que las fuerzas armadas y la Guardia Nacional son instrumentos primordiales para la prevención, preservación de la seguridad pública y combatir la delincuencia, además de que gozan de la confianza de la población, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Agregó que desde abril de 2019 existe un convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre asesoría y programas para fortalecer acciones de seguridad pública.

Otro tema planteado por los relatores fue sobre los informes que hablan de política de desgaste por los reiterados traslados de las personas a la frontera sur, pues regresan al norte y de nuevo son devueltas.

Sobre los centros de atención a migrantes, Ceriani planteó las dudas en cuanto a las condiciones sanitarias en dichos lugares, así como las conclusiones de la investigación y medidas adoptadas para la no repetición del incendio en una instalación de Ciudad Juárez, donde fallecieron más de 30 migrantes en 2023.

La falta de actualización de la base de datos oficial migratoria fue otra pregunta del comité a México. La respuesta fue que la dirección de política migratoria de la Secretaría de Gobernación revisa las bases de datos y se prevé que la actualización de la plataforma quede lista en este mes.

En su informe, México destaca el incremento de la migración en la pasada década, y que 77 por ciento se realiza de manera irregular. Sólo entre enero y mayo de 2024, el Instituto Nacional de Migración registró a más de un millón 366 mil personas provenientes de más de 100 países.