l movimiento de los maestros democráticos derrotó la reforma regresiva a la ley del Issste. El gobierno de la 4T retiró la propuesta reconociendo que no resolvía, sino complicaba. Los dirigentes magisteriales advirtieron que ese retiro era apenas una victoria parcial, porque la verdadera lucha era por derogar la reforma de 2007. La nueva primavera magisterial continuará y lo que ahora decidirán es cuándo y cómo. La respuesta inmediata de la Presidenta es que no se puede dar lo que no se tiene considerado en el presupuesto.
Esta reforma de 2007 instauró un sistema de retiro basado en cuentas individuales y obligando a los trabajadores al servicio del estado a escoger una Afore, o bien la Afore estatal que se creó específicamente para recibir las aportaciones, para que administrara los recursos para su futura pensión. Se modificaron, además, las edades de jubilación, el tope jubilatorio establecido en Umas, unidades de medida y actualización, que el propio gobierno establece, y no en salarios mínimos, que son fijados en negociaciones tripartitas.
En 1997 se había reformado la Ley del IMSS, eliminando el sistema solidario y creando cuentas individuales. Se modificó también la edad de jubilación y los requerimientos de semanas de cotización. Esta reforma sustituyó un sistema que pensionaba a los trabajadores decorosamente, en el que al Estado le correspondía una responsabilidad, privatizándolo, en beneficio de empresas financieras. Se creó un negocio privado donde había una responsabilidad social. Se argumentó que el envejecimiento poblacional imposibilitaba que el Estado siguiera aportando recursos presupuestales para este fin.
Es cierto que la responsabilidad presupuesta crecía, pero es indudable que había otras maneras de resolver el problema. La concepción que sostenía esta reforma era que había que reducir la presencia estatal, privatizándola. Se trataba de crear espacios para negocios privados donde había presencia estatal. Los profesores democráticos lo plantearon muy bien: la reforma de 2007 entregó a 10 Afore un negocio de 6.8 billones de pesos. Eso es el neoliberalismo: responsabilidades sociales atendidas por el Estado convertidas en negocios privados con regulaciones laxas que generan utilidades extraordinarias.
El neoliberalismo modificó la estructura económica, disminuyendo la presencia estatal. Privatizaciones y liberalización regulatoria se acompañaron de modificaciones a la fiscalidad. El sistema tributario se alineó con el de Estados Unidos, disminuyendo su progresividad y reduciendo las tasas impositivas mínimas. En España, por ejemplo, las tasas tributarias máximas son superiores a 50 por ciento y en México son de 34 por ciento. Esto implicó que se perdieran ingresos tributarios que se compensaron con las contribuciones de Pemex. Las finanzas públicas se petrolizaron, pero no impidieron que los ingresos tributarios como proporción del PIB sean reducidos respecto a nuestros socios comerciales, a países latinoamericanos, o los de la OCDE.
La 4T, en el gobierno de AMLO y en el de Claudia Sheinbaum, decidió mantener inalterados los principios tributarios heredados de los gobiernos neoliberales de PRI y PAN. Se propuso incrementar la captación de impuestos mejorando la eficiencia tributaria y resolver los equilibrios fiscales controlando el gasto con una política de austeridad estricta. En los primeros cinco años de AMLO hubo resultados fiscales acordes con los compromisos presupuestales establecidos con el Congreso. En 2024 se incrementó el déficit fiscal hasta llegar a 4.9 por ciento del PIB, obligando a que en 2005 se planteara una consolidación fiscal que permitiera reducir el déficit a 3.5.
Se trata de una decisión política. No puede argumentarse que las decisiones tomadas para mantener la estructura tributaria y el compromiso de consolidación fiscal sean inamovibles. Frente al reclamo magisterial, que es el de médicos, enfermeras, profesores universitarios y todos los empleados públicos, la respuesta no puede ser que no puede comprometerse lo que no se tiene. Por qué si no se tiene es obligación del gobierno priorizar las responsabilidades con la sociedad que lo eligió y conseguir los recursos tributarios necesarios.
Los ciudadanos que respaldaron a la 4T entienden que el humanismo mexicano reconoce que el Estado debe cumplir con las responsabilidades sociales que tiene planteadas. Pensiones dignas para todos los empleados públicos y privados, servicios médicos dignos, atención hospitalaria adecuada, mantenimiento de la infraestructura educativa, etcétera, son de atención obligada. La construcción presupuestal para este año está muy comprometida. Por ello, el Estado debe procurarse recursos tributarios adicionales provenientes de una reforma fiscal cuya progresividad corresponda con las necesidades a atender.
