a renovación del estadio Azteca, ahora renombrado estadio Ciudad de México, es una de las inversiones más ambiciosas en la infraestructura deportiva de nuestro país. Este emblemático recinto, que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha sido sometido a un proceso de modernización que involucra grandes recursos y la participación de miles de trabajadores de la construcción. Sin embargo, detrás de esta transformación yace una realidad preocupante: la falta de garantías laborales para quienes hacen posible este proyecto.

El pasado 11 de marzo, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), de la que forma parte la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que me honro en presidir, intentó realizar inspecciones laborales en el estadio Azteca para evaluar las condiciones en las que laboran las y los trabajadores. Esto, con el fin de garantizar su seguridad, su bienestar, el respeto a sus derechos laborales y la supervisión permanente, tal como se ha hecho en otros grandes eventos deportivos como la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; así como los Juegos Olímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. En estos eventos, la actuación de la ICM ha dejado mejoras duraderas en las condiciones laborales del sector en los países anfitriones. Sin embargo, a diferencia de esos antecedentes, la FIFA ha decidido cerrar las puertas a la inspección en México, negándose a permitir supervisiones independientes.

Esta negativa no es casualidad: la FIFA, una organización que genera miles de millones de dólares en utilidades,y que, se calcula, serán 7 mil millones de dólares durante el campeonato mundial de 2026, ha demostrado su falta de compromiso con la clase trabajadora. En lugar de priorizar la protección de los derechos laborales, ha elegido proteger los intereses corporativos y de las televisoras dueñas de los recintos deportivos, permitiendo que se mantenga un sistema de precarización y vulnerabilidad laboral.

La industria de la construcción en México es una de las más peligrosas del país. Con altos índices de accidentes, una alarmante informalidad y una baja densidad sindical de apenas 7 por ciento, además de una alta tasa de informalidad y un sindicalismo charro y blanco, los trabajadores enfrentan condiciones de riesgo extremo. Por otro lado, los migrantes centroamericanos se han vuelto particularmente vulnerables, ya que a menudo aceptan empleos mal pagados y sin seguridad social para subsistir a las carencias. La negativa de la FIFA a permitir inspecciones refuerza un modelo de explotación y desprotección, al igual que evidencia su falta de transparencia y compromiso con la vida e integridad de las personas que le generan su riqueza.

Desde la CIT, hemos insistido en la necesidad de fortalecer los sindicatos democráticos y autónomos que verdaderamente representen a los trabajadores. No basta con la presencia de una organización sindical si está alineada con los intereses de los empleadores y no con los de los trabajadores. La protección real de los derechos laborales requiere una representación independiente, capaz de exigir condiciones dignas, salarios justos y entornos seguros.

En ese marco, nuestra intervención tiene tres objetivos en torno a garantizar el trabajo digno. El primero es conectar a todas las partes involucradas: las autoridades, las entidades privadas, las empresas de construcción y la organización de trabajadores que participan en estos proyectos. El segundo es que se cumplan cabalmente las regulaciones nacionales e internacionales de protección a los trabajadores. El tercero es crear condiciones a mediano plazo para que las propuestas elaboradas por la ICM, y su organización afiliada en México, la CIT, genere los resultados esperados en trabajo decente y fortalecimiento sindical. Lo que buscamos es mayor justicia y respeto a los derechos y seguridad de las y los trabajadores mexicanos. Si bien los tiempos para las renovaciones y construcciones son apremiantes, esto no debe significar ningún riesgo para quienes trabajan en las renovaciones del estadio Azteca y de los estadios en Nuevo León y Guadalajara, sedes que también están consideradas para llevar a cabo este mundial.

La FIFA tiene una responsabilidad innegable con los trabajadores que hacen posible su espectáculo. Sus propios estatutos establecen compromisos con los derechos humanos y laborales, pero su actuación en México demuestra lo contrario. En su informe de legado y remedio de 2024, la organización reconoció sus fallas en la protección de trabajadores durante la Copa Mundial de Qatar. Sin embargo, lejos de aprender de estos errores, ahora se deslinda de cualquier compromiso en América del Norte 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tiene problemas en aparecer en fotografías con líderes políticos y empresariales, pero su organización se niega a garantizar condiciones básicas para los trabajadores que construyen los estadios en los que se jugará el mundial. Si la FIFA puede gestionar patrocinios multimillonarios y paquetes VIP exclusivos, también puede asegurarse de que los trabajadores reciban un salario digno y un ambiente laboral seguro.

No podemos permitir que la Copa del Mundo de 2026 se convierta en otro escándalo de explotación laboral. La FIFA debe rendir cuentas y dejar de obstruir la supervisión independiente. De no hacerlo, no sólo estaría manchando la imagen de México, sino que sentaría un peligroso precedente para futuras sedes del torneo, como el Mundial de 2030 en tres continentes y el de 2034 en Arabia Saudita. Es momento de exigir responsabilidad y transparencia. No podemos permitir que la avaricia corporativa se imponga sobre los derechos y la dignidad de la clase trabajadora. Al contrario: este evento es una oportunidad irrepetible para sentar bases que fortalezcan la justicia laboral para las personas trabajadoras de la construcción en México. La colaboración entre las organizaciones interesadas en este proyecto debe dar el ejemplo de cooperación en pro de la dignidad obrera, no implicar retrocesos o manejos poco transparentes. Un evento de tal magnitud puede ser benéfico para todos, pero eso sólo sucederá con el adecuado reconocimiento y protección a las personas que trabajan arduamente para que esto sea posible.