l reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles de 25 por ciento al acero y al aluminio representa un golpe para la industria mexicana y un obstáculo para la integración económica de América del Norte. Esta decisión, tomada de manera unilateral, afecta gravemente a los sectores minero, siderúrgico y metalúrgico, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores, así como la competitividad de empresas que dependen de estos materiales para la manufactura y la producción industrial. México, como parte del T-MEC, ha mantenido una política de apertura, diálogo y cooperación económica con sus socios comerciales. Sin embargo, la imposición de estas medidas proteccionistas no sólo violenta los acuerdos internacionales firmados, sino que también genera incertidumbre y vulnerabilidad en sectores claves de la economía.

Los efectos de estos aranceles se sentirán con especial fuerza en estados como Coahuila, Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Nuevo León, donde la industria metalúrgica y siderúrgica es un pilar fundamental del crecimiento económico y del empleo. Las empresas grandes y pequeñas, que han trabajado por años para consolidarse en un mercado competitivo, ahora enfrentan una crisis provocada por decisiones políticas que no toman en cuenta la complejidad de la producción industrial y las cadenas de valor interconectadas entre nuestros países.

En coordinación con nuestros aliados sindicales en Canadá y Estados Unidos, he expresado nuestro firme rechazo a esta medida que atenta contra la estabilidad laboral y el desarrollo económico de la región. La industria del acero y el aluminio genera millones de empleos directos y es esencial para sectores estratégicos como la construcción, el automotriz y la manufactura avanzada. Sin duda, golpear la base de la producción de estos materiales tiene repercusiones en toda la cadena productiva y, en última instancia, en el consumidor.

Nuestra nación ha respondido con firmeza, pero con mesura y asertividad, apostando por la diplomacia y la defensa de los acuerdos comerciales. Una de las estrategias implementadas ha sido poner sobre la mesa la importancia de la integración de las cadenas de valor en América del Norte, un factor clave para el crecimiento económico regional. La industria automotriz, por ejemplo, depende enormemente del acero y el aluminio mexicanos, lo que hace que estos aranceles no sólo afecten a México, sino también a fabricantes estadunidenses que requieren insumos a precios competitivos. Asimismo, nuestro gobierno ha insistido en que cualquier cambio en las condiciones del comercio internacional debe ser resultado de negociaciones justas y equilibradas, y no de imposiciones unilaterales que ponen en riesgo la estabilidad de los trabajadores.

En este contexto de incertidumbre, los sindicatos democráticos de México, Canadá y Estados Unidos tenemos la responsabilidad de alzar la voz y defender los derechos de los trabajadores de la industria siderúrgica y metalúrgica, y de la vida de miles de familias que dependen de esto para su sustento. Es por ello que reafirmamos nuestro compromiso con la unidad y la lucha conjunta en defensa del empleo, la estabilidad económica y el desarrollo regional. La historia nos ha demostrado que la integración económica y la cooperación son el camino hacia el crecimiento, no el aislamiento ni la confrontación.

Las negociaciones deben centrarse en el bienestar de quienes sostienen la producción con su esfuerzo diario y no en estrategias políticas de corto plazo que terminan afectando a todos. El desafío que enfrentamos es grande, pero la unidad entre trabajadores, empresarios y gobiernos puede ser la clave para superarlo. México ha demostrado una y otra vez su capacidad de adaptación y resiliencia ante las adversidades económicas, y esta vez no será la excepción. Es momento de trabajar juntos, de fortalecer la integración regional y de demostrar que la cooperación es la mejor herramienta para construir un futuro más próspero para todos.