l reseñar la muy larga y productiva conversación telefónica que sostuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, su homólogo estadunidense, Donald Trump, se centró en el asunto de la guerra en Ucrania en términos que confirman los peores temores de la Unión Europea (UE) y del gobernante ucranio, Volodymir Zelensky: la Casa Blanca abandona la política de apoyo irrestricto a Ucrania y se dedicará a construir una paz negociada por Washington y Moscú, dejando de lado a los países que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y también, desde luego, al propio Zelensky.

Por si hiciera falta confirmar el giro radical de la política estadunidense ante el asunto, la Casa Blanca no sólo se ha manifestado en contra del ingreso de Ucrania a la OTAN, sino que el propio Trump expresó la idea de que esa nación eslava podría ser absorbida algún día por la Federación Rusa.

De poco le servirán a la UE los alegatos para defender su participación –y la de Kiev– en la solución a la guerra en curso, como los manifestados, en reacción a las afirmaciones trumpianas, por los ministros del Exterior de Francia, Alemania y España; es claro que ante la cruda y brutal redefinición de las esferas de influencia por parte de Trump y de Putin, Bruselas tendrá que optar entre someterse a los lineamientos estadunidenses o proseguir, con sus propios recursos y con una perspectiva nada halagüeña, el apoyo a Zelensky y distanciarse de Washington, con el riesgo de provocar una agudización de la embestida económica y geopolítica del desenfrenado ocupante de la Casa Blanca; y la segunda solución es, evidentemente, muy poco probable.

Si para las potencias europeas esta circunstancia marca un nuevo capítulo de su declinación en el mundo y de su capacidad para influir en las determinaciones geopolíticas globales, para el gobierno de Kiev representa una completa catástrofe: tal y como se prefigura el futuro próximo, Ucrania se verá obligada a entregar a Rusia sus provincias orientales, habitadas mayoritariamente por rusos étnicos, después de haber perdido en la guerra a cientos de miles de sus habitantes, de haber sufrido la devastación de su infraestructura y sin una perspectiva de cómo y con qué fondos emprender la reconstrucción.

Miles de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) exigen el pago de finiquitos, 100 semanas de salarios atrasados y una solución integral tras el cierre de la compañía que durante ocho décadas fue el principal empleador y el centro de la vida económica de Monclova, Coahuila. Desde que cesaron las actividades hace más de dos años, decenas de miles de familias perdieron su fuente de ingresos y la economía local se encuentra paralizada.

La quiebra de AHMSA, según un incondicional de su dueño, Carlos Ancira, afecta a 350 mil personas si se considera a todas las empresas cuya actividad giraba en torno a la acerera y que quebraron de un día para otro. Lo que no dice el ex directivo es que esos cientos de miles de personas y sus familias son víctimas de la voracidad de Ancira y sus cómplices, quienes administraron la firma con una lógica de pillaje. Los oligarcas culpan del cierre al gobierno federal, que canceló un contrato de 300 millones de dólares con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y exigió el pago de los adeudos multimillonarios con la misma paraestatal, pero los trabajadores tienen claro que el problema nunca fue la falta de recursos, sino los malos manejos patronales. De manera elocuente, señalan que sólo en Israel Ancira tiene inversiones por 13 mil millones de dólares extraídos de AHMSA, por lo que es un sinsentido argumentar que ésta tuviera restricciones de capital.

Es pertinente recordar que AHMSA fue entregada a Ancira por Carlos Salinas de Gortari en 1991 por apenas una quinta parte de su valor y, aunque antes de rematarla el ex presidente despidió a la mitad de la fuerza de trabajo –e hizo que el país asumiera el costo de la operación– a fin de hacer atractiva la compra, al empresario le bastaron ocho años para llevarla a la quiebra. Los tribunales le permitieron seguir operando y saqueando la empresa durante 17 años sin pagar un centavo a sus acreedores. En estas tres décadas, el conglomerado quedó sumido en crisis cíclicas mientras su propietario evadía impuestos, se fugaba del país y hacía negocios fabulosos mediante sus conexiones políticas. El más escandaloso de ellos fue la venta de la filial Agronitrogenados a Pemex por 442 millones de dólares durante el peñato: ajustando por inflación y tipo de cambio, ese monto era siete veces más de lo que Ancira pagó por todo AHMSA y se convirtió en uno de los mayores desfalcos del periodo neoliberal. Por último, este lamentable episodio refuta una vez más el dogma tecnocrático según el cual el Estado es un administrador ineficiente y corrupto, mientras la iniciativa privada es eficaz y honesta.