El delito de despojo es considerado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) uno de los 20 fenómenos criminales más relevantes en el Programa de Persecución Penal 2025, entre los que se encuentran las muertes violentas, la extorsión y la desaparición de personas.

La dependencia indicó que dicho ilícito afecta, entre otros, a personas de la tercera edad, por lo que es prioritario en la estrategia investigar y atender las razones detrás del despojo, por ejemplo, herencia, testamentos, etcétera.

El despojo es un fenómeno complejo que puede involucrar tanto casos aislados como redes criminales organizadas. Para abordar este delito de manera efectiva es fundamental dar prioridad a los casos según la calidad de las víctimas y la viabilidad de la investigación, concentrando esfuerzos en aquellos con mayores posibilidades de éxito, indica el documento que la FGJ remitió al Congreso capitalino.

Señala que la identificación y persecución de responsables es clave, ya que un número reducido de individuos suele estar vinculado con múltiples casos, por lo que su detención puede generar un impacto significativo en la reducción de este delito.

Precisa que el delito de despojo ha mostrado variaciones importantes entre 2019 y 2024, con un pico durante 2021 y una tendencia a la baja a partir de 2022, mientras en 2024 se abrieron 3 mil 643 carpetas de investigación, es decir, una baja de 18 por ciento con respecto al punto más alto de 2021, con un registro de 4 mil 437 y de 6 por ciento en comparación con 2023, cuando se alcanzaron 3 mil 879 carpetas.

En 2019 se iniciaron 3 mil 994 carpetas de investigación por despojo, según la dirección general de la Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJ, que especificó que la incidencia durante 2024 fue de 3 mil 643 casos, 303.58 mensuales, 70.06 a la semana y 9.98 al día.

El Programa de Persecución Penal buscará obtener sentencias condenatorias para el delito de despojo con procedimientos abreviados y de juicios orales, así como soluciones alternativas, las cuales incluyen la suspensión condicional del proceso y/o el acuerdo reparatorio, conforme los criterios de aplicabilidad.

En el documento, la FGJ indica que el programa considera cuatro elementos clave: la composición del fenómeno criminal, diagnóstico, atención y respuesta institucional, así como proyectos específicos, lo que planteó un enfoque que permitirá asignar recursos de forma eficiente y garantizar que cada delito reciba el tratamiento más adecuado.