Oaxaca, Oax., La persecución, el hostigamiento y las amenazas a periodistas, defensores de derechos humanos y de la tierra, a activistas y organizaciones sociales, campean en Oaxaca. Es una política que convierte al estado en el más peligroso para sus actividades. Tan sólo desde 2018, documenta el proyecto Alas y Raíces, 58 personas defensoras han sido asesinadas y otras seis están desaparecidas.

Mientras crece la inconformidad social, el secretario de las Culturas, Flavio Sosa Villavicencio –uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006, encarcelado dos años después de ser acusado de los delitos de asociación delictuosa, sedición y daño–, defiende las cifras oficiales de un descenso de los índices de criminalidad.

Sin embargo, reconoce: el estilo poco complaciente del gobernador, en sus declaraciones hacia sus adversarios, nos coloca en una situación de choque, hay que decirlo, y eso genera una reacción.

En entrevistas por separado, maestros y representantes de organizaciones advierten el riesgo de que el discurso y la política del gobernador Salomón Jara Cruz en contra de las organizaciones se endurezca y dé un manotazo. Resaltan, además, que su postura de desconocer a los movimientos sociales es una contradicción histórica para quien, desde la Unión Campesina Democrática, encabezó marchas y plantones.

Salomón Jara es vengativo y autócrata. Un viejo militante de la UCD no puede estar ciego y sordo, su principal problema es la ingobernabilidad; han crecido enormemente al narcotráfico y la violencia, describe el profesor Rogelio Vargas Garfias, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), surgida en 1979.

El maestro sostiene que una estrategia central de Jara Cruz para impedir la oposición social es dividir y desconocer a las organizaciones. Hay algunas que ya están alineadas, resalta.

–¿Busca la desmovilización?

–Sí, claro. Hoy, por ejemplo, la sección 22 no tiene una propuesta de ley estatal ni tampoco una posición respecto de la expulsión de migrantes. Yo le planteé al gobernador qué opina de una nueva ley, y la respuesta fue nada, no me interesa. ¿Para qué confrontarnos?

El profesor refiere que en el estado comienza a articularse un movimiento, que si bien está aparentemente aislado, se ve fuerte y prefigura como una de sus demandas sociales, la renuncia de Jara, la revocación del mandato.

La Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (Unapo), recientemente surgida, ya ha comenzado a tomar posturas, como ocurrió ante el asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, comisario de bienes ejidales de Buena Vista Mixe, San Guichicovi, y militante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

El crimen fue repudiado en una postura conjunta de organizaciones agrupadas en la Unapo, en la cual resaltaron cómo la situación de conflictividad y violencia en la región es producto de la imposición del proyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec y exigieron una investigación expedita del crimen.

Carlos Beas Torres, líder de Ucizoni, confirmó que ha surgido un movimiento creciente que participará para conseguir la revocación de mandato de Jara Cruz en 2026.

“Y eso también provoca una narrativa, muchas veces muy mal hecha, del gobierno del estado para asegurar que las cosas están mejorando y se adjudica grandes obras como la carretera del Istmo, que fue desarrollada con fondos federales. Se cuelga medallitas que no le corresponden.

Oaxaca sigue siendo el estado en el que hay mayor cantidad de ataques a los defensores de derechos humanos y territoriales. En el caso de Ucizoni, 24 compañeros están acusados de delitos completamente irreversibles: para obligarlos a entregar sus terrenos, a cambio de una miseria, se les criminaliza por personas que supuestamente poseen terrenos en derechos de vía. Les quieren dar migajas. Eso es muy agresivo.

Advierte que hay un manejo muy autoritario hacia el malestar social. Se acusa al secretario de Gobierno (Jesús Romero) de ser alumno de Ulises Ruiz.

A través de su proyecto Alas y Raíces, la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) lleva el recuento de defensores de derechos humanos perseguidos, presentado en vísperas de la conmemoración de los Fieles Difuntos.

De 225 personas defensoras asesinadas en México entre 2018 y 2025, 58 eran de Oaxaca; 27 en la Mixteca, 11 en la Costa, nueve en la Sierra Sur, siete en el Istmo, dos en Valles Centrales y dos en la Cuenca, señala el reporte en su página en Internet.

Marcos Leyva, defensor de derechos humanos e integrante de Educa, resalta que el seguimiento de agresiones incluye nombres y luchas de los defensores, en razón de que no son sólo un número, sino una lucha concreta por la que fueron asesinados o agredidos.

La base de datos es de consulta libre. Una de nuestras conclusiones es que los derechos que más se están violentando son los políticos, y a la organización y defensa de tierra y territorio. Otra vez la derecha política comienza a tener acciones y posturas de gravedad, como en los años 70 y 80 del siglo pasado. Hay además una criminalización de las organizaciones que no compaginan políticamente con el gobierno y un alto índice de impunidad de las agresiones que ejerce la clase política.

Sin embargo, añade, el hecho de que Jara Cruz no reconozca el papel de organizaciones sociales y comunitarias, es también desconocer su propia historia. Hace mucho daño que se asuman como hegemonía política, porque eso no permite impulsar un proceso de gobernabilidad, con actores sociales y políticos que no son parte de la estructura de su partido.

–¿Y este fenómeno podría tender hacia un endurecimiento? ¿O hay prudencia?

–No, la tendencia es que puede haber un endurecimiento, porque si no hay los canales propicios para generar las condiciones de gobernabilidad, eso puede estallar en cualquier momento. Es importante generar el diálogo.

–¿Puede haber un manotazo?

–Exacto.

Flavio Sosa Villavicencio sostiene que las críticas a Jara provienen “del viejo régimen que se niega a morir y es lógico que en un estado tan complejo encontremos casos de agresiones, injusticias, crímenes que no se han esclarecido, pero no se puede hablar de un gobierno que mata opositores, de un gobierno juvenicida, que usa la policía para la represión, alejado de los pueblos y comunidades”.

Además, anticipa: el próximo año habrá una revocación de mandato y es su gran posibilidad del gobernador de demostrar a sus adversarios que, en la nueva elección, se ganará la gubernatura.

Sin embargo, José Álvaro Carrillo y Carlos Daniel Lara Juárez, del Frente Popular Revolucionario, consideran que hay una estrategia desde el gobierno del estado para desmantelar a la oposición.

Lara Juárez refiere que en el estado prevalece “un descontento social, que proviene de sectores no organizados como los pobladores de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, que se oponen al basurero, pero la represión no viene del gobierno, sino de sus grupos de choque, de su brazo ilegal. No hay una ‘primavera oaxaqueña’, sino un invierno oaxaqueño. En enero se cometieron 69 asesinatos y no se puede hablar que la primavera florezca con 69 familias desamparadas”.

Carrillo agrega que hay un ataque permanente a las organizaciones sociales y quienes muestran una conducta contraria al discurso oficial, incluidos periodistas. Hay un seguimiento permanente a las organizaciones y una división orquestada contra el proceso comunitario, resalta.

La campaña oficial promulga dialogo, no bloqueo, porque les preocupa el movimiento popular, comienza a haber un hartazgo social, resume.

Alejandro Cruz, de la Organización India por los Derechos Humanos de Oaxaca, conviene que hay malestar social ante muchas cosas. Hay reacciones aisladas, pero vendrán más de carácter organizado. Los cambios provienen siempre del movimiento social organizado.