Washington. Donald Trump sufrió ayer tres reveses judiciales. Un juez federal determinó que su gobierno no ha cumplido con su orden de descongelar el gasto federal y le ordenó desembolsar el dinero; otro bloqueó su orden ejecutiva destinada a negar la ciudadanía estadunidense por nacimiento, y un tercero suspendió el plazo para que renuncien voluntariamente los burócratas.

El juez John McConnell, de Providence, en el estado de Rhode Island, encontró evidencia de que algunas subvenciones y préstamos federales aún no se están entregando a los destinatarios y ordenó que se libere el efectivo.

La administración republicana ha dicho que la pausa era necesaria para asegurar que el gasto federal esté en línea con la agenda del presidente.

El juez aclaró que su fallo también impide al gobierno de Trump recortar miles de millones de dólares a los institutos nacionales de salud.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

La orden responde a una demanda de 23 fiscales generales estatales demócratas.

Un juez federal diferente en Washington emitió una orden de restricción temporal contra el plan de congelación de fondos y desde entonces ha expresado preocupación de que los grupos sin fines de lucro no estén recibiendo su financiamiento.

En Concord, Nueva Hampshire, el juez federal de distrito Joseph Laplante bloqueó la orden ejecutiva de Trump que termina con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de personas que están en Estados Unidos sin papeles.

La decisión surge después de dos fallos similares de jueces en Seattle y Maryland la semana pasada.

Laplante, quien fue nominado por el ex presidente republicano George W. Bush, dijo que no lo convencieron los argumentos de los abogados de la administración Trump.

Una demanda presentada por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sostiene que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución e intenta subvertir uno de los valores constitucionales más fundamentales. Fue presentada en nombre de grupos defensores de los inmigrantes, incluidas embarazadas cuyos hijos podrían verse afectados.

En tanto, el juez federal George O’Toole suspendió el plazo dado por el gobierno federal para la dimisión voluntaria de funcionarios federales y prohibió que se emitan nuevas propuestas en este sentido.

Los trabajadores federales seleccionados tenían hasta el jueves para renunciar y recibirían los salarios correspondientes hasta finales de septiembre.

El sindicato que representa al personal de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB) demandó al jefe interino de la agencia, después de que el gobierno ordenó el cese de la actividad de este organismo.

El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro presentó dos demandas judiciales contra el director interino del CFPB, Russell Vought, acusándolo de intentar cerrar la agencia –creada por el Congreso– y de dar al Departamento de eficiencia gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, acceso a la información personal de los empleados.

Las medidas de Vought reflejan un intento ilegal de frustrar la decisión del Congreso de proteger a los consumidores, argumentan en una de las demandas.

La CFPB se creó a raíz de la crisis financiera mundial de 2008 y actúa como organismo de control en temas como las hipotecas, las tarjetas de crédito o el cobro de deudas.

En este contexto, funcionarios y policías federales impidieron la entrada a numerosos empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que se presentaron a trabajar en su sede de Washington, luego de que un tribunal bloqueó de manera temporal una orden del gobierno que habría retirado a casi todos los trabajadores de sus puestos a nivel mundial.

Hampton Dellinger, el recién destituido jefe de la Oficina del Asesor Legal Especial, agencia federal dedicada a proteger a los denunciantes, demandó a Trump, alegando que fue destituido de manera ilegal como parte de la masiva restructuración del gobierno.

Dellinger fue informado de su despido en un correo electrónico el viernes por la noche por el director de personal de la Casa Blanca, quien dijo que escribía en nombre del presidente.