Zacatecas, Zac., La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) salió en defensa de la compañía minera Panamerican Silver Corp de capital canadiense, al asegurar que esa empresa con sede en Vancouver –denunciada 10 años atrás por los habitantes de la comunidad La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, por el despojo de un predio de mil 150 hectáreas–, ha cumplido legalmente con los residentes de esa localidad, a pesar de que desalojó a 40 familias de sus casas.

Moisés y Alfonso Guerrero Pasillas, parte del grupo al que trabajadores de Panamerican Silver (también referida por autoridades locales como Plata Panamericana), sin mandato legal alguno, ni orden de un juez, echaron de La Colorada en 2015, narraron que fueron expulsados al demoler sus hogares con maquinaria pesada.

Efraín Arteaga Domínguez, abogado de los afectados y miembro del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), expuso que la empresa ofreció prestar a los desalojados viviendas en una unidad habitacional construida por la minera para sus trabajadores –con pequeñas casas prefabricadas–, pero los obligó a firmar contratos de comodato”.

Guardias armados amenazaron a expulsados

La mayoría de los expulsados se fueron del lugar en pocos meses, acosados y amenazados por guardias armados de la minera. Cuatro familias asesoradas por el FSSP se quedaron, presentaron una denuncia por despojo ante el Tribunal Agrario, y esperan una resolución.

La Colorada contaba con mil 150 hectáreas catalogadas como territorio nacional por la Secretaría de la Reforma Agraria, pese a que sus habitantes tenían la posesión histórica, pacífica y legal. Pero la minera canadiense los echó, con el argumento de que su concesión abarcaba esas tierras, se las apropió y cercó todo el lugar.

La semana pasada, narró Arteaga Domínguez, las cuatro familias recibieron una notificación de la FGJEZ, pues directivos de Panamerican Silver los demandaron ante esa instancia por abuso de confianza, y les exigieron devolver las casas prestadas en comodato.

Los vecinos de La Colorada fueron citados a una audiencia ante el juz-gado de control y tribunal de enjuicia-miento del municipio de Sombrerete (al que pertenece Chalchihuites), donde se autorizó a la fiscalía la desocupación de esas viviendas.

El litigante reprochó que la FGJEZ atendió la denuncia de la minera a la velocidad de la luz, mientras que no avanza la interpuesta por los opositores al consorcio en 2015 por la destrucción de sus viviendas y daños en las cosas, y por el despojo de sus tierras de labranza.

Aparte, los afectados presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, pero hasta la semana pasada, no había sido resuelta.

El 6 de febrero, la fiscalía de Zacatecas propuso a las partes llegar una solución negociada, por ello se realizará hoy una audiencia y se sugirió a los afectados proponer una cantidad como reparación del daño, y eso será confrontado con el ofrecimiento que haga la compañía canadiense, indicó Efraín Arteaga.