La crisis forense que enfrenta el país no sólo tiene que ver con no conocer la identidad de más de 52 mil cuerpos que están en fosas y centros especializados, sino también con la pérdida de restos por parte de autoridades y la falta de protocolos para la eficiente entrega a sus familias. Jovita Rodríguez lleva más de un año esperando a que le sea entregado el cuerpo de su hija Lucila Fuentes, quien desapareció en un viaje mientras acompañaba a su esposo, en Jorobas, estado de México, el 11 de septiembre del 2017.

Aunque en 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la familia que la fiscalía estatal le reportó un cuerpo que sería el de Lucila, al coincidir genéticamente con los perfiles de sus hermanos y el de Jovita, ella no ha podido recibirlo por trámites burocráticos y problemas para hallar los restos en la fosa común del panteón de Huehuetoca.

Michel Cervantes, abogado de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos –organización que acompaña el caso–, expuso que además de que la FGR tardó en notificar a la familia sobre la coincidencia genética, pues desde 2022 recibió un oficio de la Fiscalía del Estado de México con esa información, Jovita tuvo que investigar exactamente dónde se encontraba el caso.

Rastreando el expediente, se enteró de que la carpeta de investigación está en el Ministerio Público de Huehuetoca, explicó en entrevista. Indicó que 2024 fue un año de enredo de trámites, de estar persiguiendo a los agentes del Ministerio Público para que enviaran oficios que realmente eran muy sencillos.

Finalmente, dijo el abogado, el 9 de enero de 2025 se programó la exhumación de los restos de Lucila y las autoridades avisaron a su familia –originaria de Iguala, Guerrero– que se los entregarían en su domicilio al día siguiente.

La señora Jovita preparó un funeral, cocinó, puso café, pan, etcétera, pero le hablaron en la noche para decirle que al abrir la fosa común no estaban los restos y que no sabían dónde fueron enterrados, señaló Cervantes.

Aseguró que las autoridades no les dieron una explicación clara sobre lo que estaba sucediendo y tres días después personal de la funeraria encargada del traslado de Lucila le llamó para decirle que ya habían encontrado el cuerpo.

Sin embargo, ante la desconfianza del proceso, la familia de Lucila solicitó una nueva confronta genética para confirmar que recibirán el cuerpo de su ser querido, lo que está pendiente de realizarse.

Cervantes subrayó que este tipo de situaciones no son casos aislados. Lamentablemente ha habido algunos en los que debido a una muy mala práctica por parte de varias fiscalías en el país, han entregado de manera indebida restos que no corresponden a los que supuestamente identificaron, señaló.

Destacó el desgaste que esto ha representando para la familia de Lucila, la cual además de luchar para que le sea entregado su cuerpo, demanda justicia, al haber sido posible víctima de feminicidio.