Cuernavaca, Mor., Miembros del Frente en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire señalaron que la remoción de Uriel Carmona Gándara como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) es un acto de justicia que se les debía a los morelenses, ya que durante sus permanencia en el cargo se institucionalizó la impunidad.

En entrevista por separado, los también opositores al Proyecto Integral Morelos, Samantha César, Juan Carlos Flores y Teresa Castellanos, compañeros de lucha de Samir Flores –asesinado el 20 de febrero de 2019 y cuyo crimen lleva casi seis años sin ser esclarecido– coincidieron en demandar que se profundicen las investigaciones contra el ex funcionario, sin descartar sus presuntos nexos con grupos del crimen organizado que operan en Morelos.

Afirmaron que los siete años que Carmona Gándara estuvo en el cargo prevalecieron la falta de resultados, la fabricación de pruebas, la corrupción y hasta el solapamiento a delincuentes, situaciones que padecieron durante las indagatorias del homicidio de Samir.

En este caso la fiscalía se distinguió por obstruir la justicia, generar y construir culpables y pistas que no eran; además de negar otras rutas de investigación que eran importantes, como que pudo ser ultimado por ser defensor del territorio, o comunicador comunitario, puntualizó Samantha César.

El expediente, agregó, fue obstruido por más de tres años en la FGE y en agosto de 2023 lo atrajo la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Por estos ejemplos, dijo, la salida de Carmona Gándara ya urgía y era una deuda con el pueblo morelense.

Juan Carlos Flores celebró que por fin Uriel Carmona haya sido removido, fue un fiscal muy controversial, debido a todos los señalamientos y sospechas que ha habido sobre su vinculación con grupos del crimen organizado.

Destacó que el caso de Samir ha estado plagado de irregularidades, de una deficiente integración de la carpeta, trucos, oportunismos, y hasta sacar a personas que ya estaban detenidas, cuando el entonces presidente López Obrador quería venir a inaugurar la termoeléctrica en Huexca, y un sinfín de atrocidades.

Señaló que éstas fueron acciones en las que, por omisión o colusión, estuvo involucrado Carmona y deben de esclarecerse; que se le castigue por todos los delitos de los cuales fue cómplice, por un uso indebido de su cargo o de la manipulación de pruebas.

Teresa Castellanos consideró que antes de irse, Carmona debió aclarar por qué no procuró justicia ni esclareció el crimen de Samir, y a qué políticos, autoridades o delincuentes protegió. Se pronunció porque se le investigue por todo el daño que provocó al estado.