De lograrse una mayoría simple de seis votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaría hoy un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que plantea dejar en el terreno de las opiniones las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de las suspensiones de jueces de distrito que ordenan frenar la elección judicial; además, exhorta a que toda autoridad, incluidas las electorales, acaten las medidas judiciales.

Sus sentencias (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de los juzgadores de amparo; no funcionan como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico, señala el proyecto.

También ordena a los jueces de distrito que hayan emitido suspensiones contra la reforma judicial que en un plazo de 24 horas revisen de oficio todas las medidas cautelares con base en el criterio de la Corte, lo que podría derivar en que sean revocadas.

Omisiones

El proyecto de Ortiz Mena, listado para la sesión de hoy del Pleno, resuelve las solicitudes de la facultad prevista en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, que promovieron actores como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Dicha asociación pidió al alto tribunal determinar si las medidas suspensionales de jueces pueden ser analizadas o incluso revocadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o si más bien son los tribunales colegiados de circuito o esta Suprema Corte los que cuentan con dicha facultad.

Ante ello, el proyecto de Ortiz Mena critica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE) de ser omisas ante las suspensiones definitivas.

“Lo que une a todos los actores en esta controversia es su pretensión de soberanía y superioridad frente al derecho.

Su ambición de salirse del derecho para decidir sobre el contenido mismo del derecho. En otras palabras, su búsqueda de ser aquel que decide cuándo se le aplica una excepción al derecho”, señala.

Además, enfatiza que los órganos garantes del estado de derecho no pueden permitirse participar de acciones que socaven esos fundamentos básicos del orden constitucional que pretendemos defender, so pena de sepultarlo.