as ordenanzas de Trump para eliminar subvenciones y préstamos sociales federales fueron detenidas por órdenes judiciales. Fiscalías estatales promovieron y los jueces evitaron el recorte en programas sociales para niños y adultos mayores*.

Esto muestra la importancia de un poder judicial independiente, capaz de enfrentarse a las órdenes del ejecutivo federal, para proteger a los más desfavorecidos. Mientras se reprueba con toda razón el discurso y las medidas norteamericanas relacionados con la deportación de residentes indocumentados, es necesario verificar cómo se combate judicialmente a un poder ejecutivo que se siente ajeno al escrutinio judicial.

Casos similares llevaron a la reforma judicial bajo el argumento de una corrupción no demostrada. Hoy, las órdenes del ejecutivo, avaladas por el legislativo, apenas podrán ser detenidas. Un escenario similar al gringo es impensable en México, ya sea por no contrariar al interés público o a los muchos insertos de la constitución federal o por la falta de promoventes, al existir el riesgo del enfrentamiento político. Ningún político quiere pagar el costo oficial de sugerir siquiera un enfrentamiento con las directrices de la cúpula real o nominal. El truco de engrosar la constitución con medidas impropias de aquello que define a una nación, para impedir que sean motivo de discusión en un juicio de amparo u otra defensa constitucional, terminará por revertirse. La reciente pifia mexicana en el procedimiento llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la mujer nahua de la Sierra de Zongolica, quien tuvo que acudir ante este organismo internacional para reclamar el ataque sexual de soldados del ejército, es una muestra de que el constitucionalismo instaurado por el partido en el poder no impide la vigilancia judicial. Los hechos allí denunciados son de 2007 y el estado mexicano insiste en que no hubo participación del ejército. La defensa de la denunciante lamentó que la narrativa de los representantes del actual estado mexicano sea muy similar a la que sostenía hace 18 años el gobierno de Felipe Calderón*.

Si en el extranjero se muestra la importancia de un poder judicial independiente, en México comienzan a darse los choques entre los juzgadores de carrera judicial y aquellos designados políticamente, a pesar de no tener experiencia en tramitar y resolver procesos jurisdiccionales. Esto sucede en dos formas: el personal (secretarios, y demás) en contraposición de los suplentes de los jueces y magistrados federales jubilados, quienes toman el cargo en lo que se hace la votación constitucional; y, la confrontación de magistrados en órganos colegiados. Esto último se dio en una sesión pública de una Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde un titular con carrera judicial evidenció el retraso de otro en el trámite de cientos de actuaciones y en turnar proyectos contrarios a las constancias del expediente. El indispensable conocimiento jurisdiccional obtenido por la carrera judicial no puede ser sustituido por la eficacia política en lograr ser nominado y adscrito. El mero hecho de permitir que personas sin experiencia sean participantes de las insaculaciones que eliminan la selección por méritos, es ya un atentado al indispensable servicio de la impartición de justicia. Además, suponer que todas las decisiones presidenciales y legislativas son estudiadas, técnicamente sostenibles y justas es muestra de una soberbia sin cabida en un estado democrático. Muchas resoluciones judiciales adversas a ese interés público se dieron por el incumplimiento atroz de las medidas fijadas por leyes emanadas o gestionadas por esos mismos políticos.

Las fallas de la reforma judicial serán evidenciadas tarde o temprano.

* Jornada 1/01/25