Washington. Miles de personas protestaron ayer en Estados Unidos contra las primeras acciones del presidente, Donald Trump, en momentos en que su administración anunció que pausará el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), encargada de gestionar la ayuda internacional para el desarrollo y la asistencia humanitaria; además, el magnate sufrió un nuevo revés judicial, cuando una jueza bloqueo su orden ejecutiva que niega la nacionalidad por nacimiento a hijos de indocumentados, estudiantes y turistas.

Las protestas fueron resultado de un movimiento que se organizó en línea bajo las etiquetas #buildtheresistance y #50501, cifra que representa 50 protestas, 50 estados, un día, y cuyo propósito era denunciar las medidas contra la migración, la reversión de los derechos de las personas transgénero y su propuesta para desplazar por la fuerza a los palestinos de la franja de Gaza.

Múltiples sitios web y cuentas en redes sociales emitieron llamados a la acción, con mensajes como rechazar el fascismo y defender nuestra democracia.

Afuera del Capitolio estatal en Lansing, Michigan, se reunieron cientos de personas aun con temperaturas bajo cero, mientras en Alabama, centenares se congregaron afuera del Capitolio estatal para protestar contra acciones dirigidas a personas LGBT+.

En Filadelfia y en los capitolios estatales de California, Minnesota, Michigan, Texas, Wisconsin e Indiana, los manifestantes sostenían carteles denunciando a Trump; al multimillonario Elon Musk, líder del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, y al Proyecto 2025, manual de extrema derecha para el gobierno y la sociedad estadunidenses.

La Casa Blanca anunció que retirará a casi todos los trabajadores de la Usaid de sus funciones y del campo a nivel mundial, poniendo fin a una misión de 60 años para reforzar la seguridad del país luchando contra la hambruna, las epidemias, y financiando la educación.

Marco Rubio, secretario de Estado, indicó que la decisión se tomó debido a la insubordinación de empleados que se negaron a cumplir con las demandas de justificar su presupuesto y sus programas.

Agregó que los miles de millones de dólares en ayuda extranjera que no estén alineados con los intereses actuales en política exterior de Washington serían un regalo para nuestros rivales geopolíticos.

En tanto, una jueza federal de Maryland se convirtió ayer en la segunda a nivel nacional en bloquear la aplicación del decreto de Trump, que busca a restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos de padres que se encuentren en el país de manera irregular, así como estudiantes y turistas.

La magistrada de distrito en Greenbelt, Deborah Boardman, se puso del lado de dos grupos de derechos de los migrantes y cinco embarazadas que argumentaron que sus hijos corrían el riesgo de que se les negara de manera inconstitucional la ciudadanía estadunidense basándose en el estatus migratorio de sus padres.

La jueza, designada por el ex presidente Joe Biden, emitió una orden judicial preliminar a nivel nacional que bloquea la entrada en vigor del decreto de Trump en todo el país el 19 de febrero, como estaba previsto.

En tanto, horas después de rendir juramento, la fiscal general, Pam Bondi, ordenó al Departamento de Justicia que suspenda todo el financiamiento federal para las ciudades santuarios, informó CBS News.

También encargó al departamento investigar los casos en que las jurisdicciones santuarios obstruyan la aplicación de la ley y ordenar que se les procese cuando sea necesario, reportó el medio.

Varias oficinas del Departamento de Justicia proporcionaron 1.56 mil millones de dólares en subvenciones a ciudades santuarios en 2023, según el grupo de expertos Centro de Estudios de Inmigración.

Bondi ordenó revisar los dos casos federales contra Trump que presentó el ex fiscal especial Jack Smith, y que se examinaran los procesos judiciales de quienes irrumpieron en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021.