Frente a las deportaciones de personas migrantes desde Estados Unidos, muchas de las cuales pertenecen a comunidades indígenas, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reconoció a los hermanos migrantes que se encuentran en aquel país en busca de un mejor futuro.

En la quinta reunión del Comité técnico asesor del proyecto de Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos mencionó la imposición de aranceles a México y distinguió la actuación de la presidenta Claudia Sheinabum Pardo por la pronta respuesta, así como por la negociación que llevó a cabo con su homólogo estadunidense Donald Trump; esto, luego del despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y la pausa de los aranceles por un mes.

En el marco del Día de la Promulgación de la Constitución, el comité técnico se reunió en el Complejo Cultural Los Pinos para abordar la parte procesal del ejercicio del derecho a la consulta libre, previa e informada para el desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos en su calidad de sujetos de derecho público.

Regino Montes también informó que se iniciarán siete nuevos planes de justicia, en la cuenca del Río Balsas, del Río Verde y del Río Lerma; los cuales se sumarán al progreso de los 17 planes de justicia y desarrollo con los que ya se trabaja en el país.

Aseguró que en materia de consulta se ha dado una especial importancia a la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas, de las adultas mayores y de las personas con discapacidad para que se generen las condiciones y puedan participar en esos procesos.

Ángeles Arcos García, consejera jurídica, indicó que el derecho a la consulta es una herramienta para hacer justicia a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Agregó que la siguiente etapa de estos trabajos consiste en recorrer las regiones indígenas y afromexicanas para su debida consulta.

Por su parte, Víctor Hugo Toledo Llancaqueo, director general de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, expuso que la mandataria federal reconoce que existe la necesidad de celebrar este ejercicio como parte de una obligación del Estado antes de tomar decisiones que puedan afectar a los pueblos y las comunidades.