Para gestionar los recursos hídricos en México, la académica Elena Burns Stuck aseguró que no pueden existir dos leyes sobre esta materia porque generaría confusión y contradicciones para su aplicación simultánea, como garantizar el acceso al derecho humano al agua o regularizar las sobreconcesiones a particulares.

En entrevista con La Jornada, la especialista señaló que debemos elaborar una propuesta que resuelva realmente las crisis del agua en las distintas partes del país, como indica la constitución: lograr el acceso equitativo y sustentable, con la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno.

Las normas

Las autoridades federales buscan reformar la Ley de Aguas Nacionales, creada en 1992 –y vigente–, así como formular la Ley General de Aguas, que está congelada en el Congreso de la Unión desde 2012.

Sobre la Ley de Aguas Nacionales, hecha para regular la gestión de este recurso para los ecosistemas, actividades industriales y generación de energía, consideró que se debe abrogar porque no ha sido posible defender a los pueblos indígenas, los núcleos agrarios ni el acceso al derecho humano a este líquido.

De crearse la Ley General de Aguas, precisó, ésta debería ser defendida por las autoridades, porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha ganado todos los juicios para validar el derecho humano y saneamiento. Dijo que con las facultades de la ley, la dependencia permite la sobrexplotación, la contaminación impune y el no pago de derechos.

Esto ha facilitado, precisó, la explotación de los títulos de concesiones a particulares, como en los permisos de obras en zonas de libre alumbramiento. Aseguró que durante su gestión en la Conagua otorgó, por órdenes de cortes, más de 395 permisos en un acuífero sobrexplotado en Chihuahua.

Resaltó que algunos sectores industriales deben de ser los primero en cumplir compromisos para el cuidado de este recurso porque entre sus principales intereses está evitar escasez al tener grandes inversiones en zonas con agua.