Esta semana comenzará la evaluación a las más de 2 mil personas aspirantes a un cargo en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

En entrevista con este medio, la presidenta del comité de evaluación, Sandra Vivanco, explicó que se trata de un proceso en dos partes: de elegibilidad y de idoneidad.

Para la primera parte, se propone que los 2 mil 482 registros se dividan en partes iguales entre los comités de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para corroborar que todos hayan entregado la documentación básica, desde el acta de nacimiento hasta el título y la cédula profesionales.

Una vez que se tenga el número de personas que hayan cumplido con los requisitos mínimos, los registros se asignarán a cada uno de los tres comités conforme a lo que cada aspirante haya solicitado: ser evaluado por un determinado comité o por los tres. Hasta el momento se desconoce cuántos registros van para cada uno.

No sé cuántos requisitos nos vayan a quedar después de acreditar los documentos; yo esperaría, y lo digo de verdad, con mucha conciencia, que todas las personas abogadas y abogados que hayan atendido la convocatoria hayan cumplido con todos los requisitos, porque quiere decir que lo hicieron de manera muy responsable, que determinaron su aspiración genuina de manera muy responsable cumpliendo con todos los requisitos, expresó Vivanco.

Posteriormente, se analizará la fase de idoneidad de los perfiles, con base en las cartas de recomendación que cada uno haya presentado, además de no estar en el registro de agresores sexuales ni deudores alimentarios. Todo el proceso debe ser realizado en un mes.

Se revisan otros requisitos que tienen que ver con la experiencia, con la preparación académica y con la buena fama pública. Para ello tenemos las cartas de recomendación, pero también hay la posibilidad de que nosotros hagamos búsqueda en los registros de deudores o que hayan sido sancionadas por violencia de género; también es posible investigar si ha habido una condena.

Declinan participar

El Congreso de la Ciudad de México recibió 58 solicitudes de jueces y magistrados que decidieron declinar su candidatura a participar en el proceso electoral judicial.

Son diversas solicitudes en materias civil, penal, de ejecución de sanciones penales, familiar especializado en adopción nacional e internacional, familiar y hasta mixto civil y tutela de derechos humanos.

Las personas que decidan declinar tendrán derecho a una indemnización, para lo cual el Congreso local definió una bolsa de 357 millones de pesos.