San Cristóbal De Las Casas, Chis., Integrantes de las fuerzas de seguridad estatal y federal detuvieron ayer a 89 elementos de la policía municipal y de tránsito de Chiapa de Corzo, incluidos sus respectivos directores, porque muchos ya estaban infiltrados por la delincuencia, informaron el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Aparicio Avendaño.

En rueda de prensa en Tuxtla Gutiérrez, precisaron que en el operativo realizado en las primeras horas del viernes participaron elementos de la SSP, Fiscalía estatal, Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Detallaron que 89 uniformados: 69 municipales y 20 de tránsito, transporte y vialidad fueron arrestados, así como sus directores, Jesús Hermelindo Zenteno Martínez, y Floripe Reyes Reyes, respectivamente. Afirmaron que al primero le aseguraron 240 mil pesos en efectivo que tenía en su oficina – monto que no concuerda con su salario–, además un vehículo, 12 armas largas y cuatro cortas.

El fiscal estatal explicó que a la fecha han detenido a 261 oficiales, de ellos, 73 han sido judicializados. Los 89 efectivos de Chiapa aún rendían su declaración ministerial.

La estrategia de revisar a los cuerpos de seguridad municipales se debe a que muchos ya estaban infiltrados por la delincuencia.

Agregó que a la fecha han sido investigadas las policías de Comitán, Villaflores, Villa Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Bochil y Chiapa de Corzo.

Aparicio Avendaño dijo que hasta ayer habían detenido a más de mil personas desde que empezaron los operativos en diferentes municipios para combatir la inseguridad, además se han asegurado 175 armas, más de 300 vehículos con reporte de robo y material táctico.

Informó también que una banda dedicada a la extorsión de gasolinerías en cinco demarcaciones fue desarticulada a partir del arresto de dos colombianos en Villaflores y Villa Corzo. Los negocios entregaban entre 100 mil y 150 mil pesos mensuales por derecho de piso.

Citó que durante un cateo por la tarde en tres inmuebles de Jiquipilas, las fuerzas de seguridad repelieron una agresión, con saldo de un presunto delincuente guatemalteco herido y puesto a disposición con uno de sus compinches. En esa zona, agregó, aseguraron cinco armas largas y ropa táctica, además de un centro de monitoreo clandestino.

En ese contexto, alrededor de 50 organizaciones y colectivos afirmaron que la situación en Chiapas es preocupante porque el gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos, como el arresto del defensor tsotsil Mario Gómez, privado de su libertad el 24 de enero en San Cristóbal, por lo que exigieron su libertad inmediata.

El activista fue arrestado cuando se dirigía a su trabajo como albañil, lo pusieron a disposición en la policía ministerial dos horas después y trasladado inmediatamente al penal de El Amate, en Cintalapa, acusado de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, daños y los que resulten, manifestaron en un comunicado.