En coordinación con los gobiernos de Guatemala y Chiapas, el Ejecutivo federal prepara acciones de asistencia a las 200 personas de comunidades desplazadas del municipio de Amatenango de la Frontera que se encuentran en territorio guatemalteco, informó la Secretaría de Gobernación.

Con el pago de más de 300 millones de pesos, el gobierno federal dio por terminado el contrato de asociación público-privada (APP) con la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Yucatán, SAPI de CV, que construyó en Susulá, Yucatán, la clínica hospital Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Con esto, el organismo asume la propiedad del inmueble a partir del 28 de agosto.