María Antonia Esteva Domínguez, jueza sustituta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, en Oaxaca, revocó anoche el fallo que horas antes había emitido el juez José Gabriel Ramírez Montaño para absolver al ex diputado priísta y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal de su presunta responsabilidad intelectual en el ataque con ácido sulfúrico que sufrió en 2019 la saxofonista María Elena Ríos.

Mediante un oficio dirigido al director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, la juzgadora ordenó dejar sin efecto la boleta de libertad que se había otorgado a favor de Vera Carrizal, así como de Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez, todos imputados como probables responsables de feminicidio en grado de tentativa.

En el documento ordena que los tres continúen en prisión preventiva; en consecuencia, deberá permitir el ingreso de los mismos al centro de internamiento a su cargo para el supuesto de que ya estén en libertad; para la hipótesis de que no, deberán continuar con la medida cautelar en mención, recalcó.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO) indicaron a La Jornada que el juez Ramírez Montaño fue suspendido y está bajo investigación por presuntos actos de corrupción; señalaron que lo anterior fue consecuencia de la rápida impugnación que presentó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La determinación de la jueza María Antonia Esteva fue anunciada después de que se generó una ola de indignación en redes sociales, además de diversas declaraciones de actores sociales y políticos contra la decisión tomada por Ramírez Montaño.

Al mediodía, a través de su cuenta de X, María Elena Ríos publicó el video donde el juzgador da a conocer el fallo que causó controversia, en donde además de absolver a los imputados ordenó su inmediata liberación y las restitución de sus bienes embargados.

Este tribunal considera que la representación social con las pruebas aportadas no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados. Como consecuencia de ello, he resuelto absolver a Ruvicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló el agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa, precisó José Gabriel Ramírez.

Gobernador, tribunal y fiscal se inconformaron

María Elena Ríos reprochó que había ganado la corrupción. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia, dijo. También acusó que todo fue pactado con la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del TSJEO.

No obstante, esta última aseguró, a través de un comunicado, que estaba en desacuerdo con la resolución. “Soy una mujer institucional que respeta la autonomía judicial; sin embargo, se investigará a fondo la conducta dudosa de los involucrados y se les castigará con todo el peso de la ley caiga quien caiga".

Además, el TSJEO informó que se dio vista a la visitaduría general del tribunal a fin de que iniciara una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales en contra del juez Ramírez Montaño por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas.

El gobernador Salomón Jara escribió en sus redes sociales que la terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal era una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad.

El titular de la FGEO, Bernardo Rodríguez Alamilla, calificó de absurda la determinación, pues es una flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima y deja un precedente de impunidad que cuestiona el actuar del Poder Judicial en su deber de garantizar el acceso de todas las mujeres víctimas a gozar de justicia, verdad y reparación.

Omisión de pruebas y de perspectiva de género

La FGEO afirmó que era claro que el juicio careció de perspectiva de género, pues se desestimaron diversas pruebas, por lo que anticipó que presentaría un recurso de apelación para buscar las vías legales por las cuales la víctima tenga acceso pleno a la justicia y a la reparación del daño.

En tanto, legisladores de Morena deploraron desde la tribuna de la Comisión Permanente las decisiones de liberar al agresor de María Elena Ríos y al ex gobernador de Puebla Mario Marín –acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho y de protección a una red de trata infantil–, resoluciones de jueces que, dijeron, se suman a otras en favor de narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco.

Ello demuestra la urgencia de la reforma judicial, resaltó en tribuna el diputado de Morena Leonel Godoy, quién destacó que estos hechos tan graves no existieron para la derecha, que ayer no condenó a esos dos jueces.

Sobre la resolución que había dictado el juez Ramírez Montaño, Ximena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez, agrupación que acompaña a víctimas de violencia con sustancias químicas, reprochó que las violencias extremas contra las mujeres pueden quedar en la impunidad.

Canseco señaló a La Jornada que en casos de violencia de género es una constante integrar los expedientes y las investigaciones sin tomar en cuenta la perspectiva de género, el análisis diferenciado ni los altos estándares en materia de derechos humanos.

Además no se dictan medidas de protección, se minimiza el daño y el sufrimiento, no solamente físico sino también emocional de las mujeres. Tampoco se toma en cuenta lo que este tipo de violencia pone en riesgo no solamente la integridad física, sino la propia vida de las mujeres.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticó que el juzgador haya determinado en sólo unos minutos retirar la medida de prisión preventiva a los acusados y consideró alarmante que no lo haya hecho de forma presencial, sino en una videoconferencia.

María de la Luz Estrada, directora del OCNF, recalcó que la resolución no sólo habría dejado a María Elena en un estado de indefensión, sino que también ponía en riesgo a todas las mujeres en México, al sentar un precedente peligroso en los casos de violencia de género.

El 9 de septiembre de 2019 dos sujetos atacaron con ácido sulfúrico a María Elena cuando se encontraba en su casa, ubicada en Huajuapan de León; los presuntos agresores, identificados como Ponciano y Ruvicel Hernández, padre e hijo, fueron detenidos cuatro meses después y vinculados a proceso; el primero murió mientras permanecía en prisión preventiva.

De acuerdo con la indagatoria, Juan Antonio Vera Carrizal (quien tuvo una relación sentimental con María Elena) y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, habrían ordenado a un trabajador de nombre Rubén Loaiza que se hiciera cargo de planear el ataque.

Las investigaciones referían que Rubén contrató a Ruvicel para consumar el crimen a cambio de un pago de 30 mil pesos y este último habría pedido ayuda a su padre, quien fue el conductor de la unidad en la que ambos huyeron tras cumplir su cometido.

Rubén fue arrestado en abril de 2020 y ese mismo mes Vera Carrizal se entregó voluntariamente a las autoridades ante la presión mediática por el caso; su hijo, Vera Hernández, sigue prófugo.