Con el pago de más de 300 millones de pesos, el gobierno federal dio por terminado el contrato de asociación público-privada (APP) con la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Yucatán, SAPI de CV, que construyó en Susulá, Yucatán, la clínica hospital Mérida del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Con esto, el organismo asume la propiedad del inmueble a partir del 28 de agosto.

Este es el primer nosocomio del Issste, de cuatro construidos bajo la figura de APP durante los gobiernos anteriores, en el que se logró un acuerdo con la empresa constructora, cuyo representante legal es Hipólito Gerard Rivero.

Los otros tres pendientes de pasar a propiedad del instituto son el hospital general Doctor Daniel Gurría Urgell, en Tabasco (en junio se informó que ya se había firmado el primer convenio de compra con la empresa Prodemex); el hospital general de Tláhuac, en la Ciudad de México, y el hospital general Aquiles Calles Ramírez, en Nayarit.

El convenio con la empresa que construyó el hospital en Yucatán se firmó el pasado martes en Palacio Nacional con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, como testigo de honor.

Disminuye carga financiera

Según información del Issste, el hospital se inauguró el 18 de mayo de 2018 con un contrato cuya vigencia era por 27 años. En ese periodo, el organismo estaba obligado a pagar miles de millones de pesos a la constructora que mantenía la responsabilidad de la administración de los servicios. En tanto, el instituto, con su personal médico y administrativo, se hacía cargo de la prestación de la atención médica.

Para la firma del acuerdo, ambas partes aceptaron establecer un monto de más de 300 millones de pesos con base en el avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Al inicio de la actual administración federal, había nueve hospitales de APP que resultaban una carga financiera. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la deuda para las siguientes dos décadas era superior a 95 mil millones de pesos. Cada año se tenían que pagar 5 mil 651 millones de pesos por una especie de renta a las empresas constructoras.

El supuesto beneficio que obtenía el gobierno era contar con hospitales nuevos sin erogar recursos de inmediato, sino en más de 20 años.