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Hoy Sólo 5% lo obtienen

Agricultores solicitan a Sheinbaum acceso a financiamiento y crédito

La ANEC pide certidumbre en la comercialización y ordenamiento de mercados

 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de junio de 2024, p. 18

En los últimos años los agricultores continuaron con el problema de acceso al financiamiento y al crédito, pues apenas 5 por ciento contaron con éste, por lo que se deben impulsar esquemas en esta materia. Esta es una de las propuestas del Acuerdo nacional para el campo presentado por organizaciones de productores a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Además, el Estado debe desarrollar un esquema que no sea sólo a través de créditos, puede ser crédito a la palabra, o con tasas bajas con fondos de garantía, con una verdadera banca de desarrollo, señaló Leticia López, directora de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC). Indicó que entre las propuestas presentadas al futuro gobierno federal, están los que requieren tener certidumbre en la comercialización y ordenamiento de mercados.

Apuntó que uno de los programas con más fallas en la operación y que más ha defraudado, con más errores, es el programa de precios de garantía. Ante ello, mencionó que urge una reorientación estrategica del sistema Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), como garante de la seguridad y soberanía alimentaria, y que los precios no los rija el mercado, ya que este organismo cuenta con todos los instrumentos para hacerlo.

Eje rector

Durante la conferencia Acuerdo nacional para una república rural, justa y soberana, Acuerdo de Chinameca, convocada por la subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, el investigador por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, Armando Bartra detalló que el acuerdo cuenta con 11 puntos.

Entre ellos están el reconocimiento de que la soberanía alimentaria seguirá siendo el eje rector del desarrollo rural, la permanencia de los programas del campo establecidos en la actual adminstración, un nuevo plan hídrico nacional que empieza por una nueva Ley general de aguas, el enfoque territorial de la política rural y el reconocimiento a las organizaciones de productores.