l Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que se coordinó de manera estrecha con las fuerzas del orden de México y China para detener a fugitivos implicados en una red de blanqueo de capitales que involucraba a un grupo de transferencia de dinero con sede en California y a la banca clandestina del país asiático en la recaudación y procesamiento de grandes cantidades de ingresos procedentes de la droga traficada por el cártel de Sinaloa.

Según el DOJ, le tomó años de investigación, así como grandes esfuerzos de cooperación internacional, detectar y cortar los nodos de esta trama. De ser cierto, se trataría de uno de los más graves derroches del dinero público por parte de Washington, ya que habría destinado miles de horas de trabajo a rastrear recursos equivalentes a lo que el narcotráfico mueve en unos pocos minutos dentro del sistema bancario estadunidense.

Lo que realmente revela la superpotencia con el reporte de marras no es ni el poderío del crimen organizado mexicano ni la implicación de personajes chinos en el contrabando del fentanilo y sus precursores, sino la hipocresía que rige la política antidrogas de Washington. De acuerdo con Tax Justice Network, una plataforma de académicos, periodistas y activistas que saca a la luz la magnitud de la evasión fiscal y los daños que esta práctica genera a las sociedades, hoy por hoy Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal del planeta. Lejos de corregir esta situación, ha empeorado, pues hace seis años ocupaba el segundo lugar, por detrás de Suiza, pero desde entonces la legislación estadunidense se ha vuelto más y más permisiva con la opacidad de los grandes capitales.

Expresarlo así no es una opinión radical ni una descalificación prejuiciada, sino un hecho reconocido por el propio gobierno de ese país. En diciembre de 2021, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, admitió que ahora mismo, el mejor lugar para ocultar y blanquear las ganancias indebidas es en realidad Estados Unidos, y eso se debe a la forma en que permitimos que la gente establezca empresas ficticias sin revelar quién es el verdadero propietario. Para dimensionar hasta qué punto se promueve el lavado de dinero dentro de las fronteras estadunidenses, basta decir que el estado de Delaware tiene registradas en su territorio 1.3 millones de empresas, una cantidad superior a la de sus habitantes.

Asimismo, los 50 millones de la gran trama perseguida por el DOJ son risibles al lado de los montos que se mueven en bancos occidentales, a la vista de todos y sin que nadie moleste a los criminales. En 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) encontró que Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC movieron más de 2 millones de millones de dólares en operaciones clasificadas como actividades potenciales de lavado de activos. Esta cifra surgió únicamente del 0.2 de los documentos sobre procedimientos bancarios turbios analizados por el ICIJ.

En suma, queda claro que el anuncio del DOJ tiene poco que ver con el combate al narcotráfico y al lavado de dinero y todo con el permanente golpeteo contra China y México con que Washington ejerce presiones ilegales sobre otros países y desvía la atención de su inocultable complicidad con los grupos delictivos contra los que dice luchar.