La protección de políticos de alto rango de otros tiempos –como los priístas Emilio Gamboa, Miguel Ángel Yunes o Mario Marín, el perredista Pablo Salazar Mendiguchía o de empresarios como su paisano Kamel Nacif– no pudieron impedir que Jean Succar Kuri, dueño de decenas de villas turísticas en Cancún, fuera detenido, investigado y sentenciado a 93 años de cárcel. Cajas enteras de documentos, testimonios, fotografías y cerca de 200 videos acreditaron, sin vuelta de hoja, las acusaciones: violó y prostituyó a decenas de niños y niñas, algunos de hasta cinco años, y comerció con miles de imágenes de pornografía infantil.

Cuando pretendía huir fue detenido en Arizona en 2004. En 2006 la justicia mexicana logró su extradición, a pesar de que un despacho de los abogados Arsenio Farell Campa y Jorge Castro Trejo lograron forzar a un grupo de niñas y madres denunciantes a retractarse de sus demoledoras denuncias a cambio de un acuerdo económico, con la complicidad de la quien entonces era dirigente del PRI en Quintana Roo Enna Rosa Valencia.

Un intrincado juicio plagado de amparos e interferencias de autoridades concluyó finalmente con una sentencia, inicialmente de 112 años. Succar Kuri pasó 28 en prisión. Murió ayer por la mañana en un hospital de Cancún. Tenía 79 años.

Los crímenes de uno de los pederastas más conocidos en el mundo –quizás por el hecho inusual de que, a diferencia de miles de casos, este no desembocó en la impunidad– empezaron a salir a la luz cuando una maestra quintanarroense, mentora de una de las víctimas, empezó a denunciar las anormalidades que detectaba en una de sus pequeñas alumnas. La historia llegó a oídos de algunos periodistas. Fue Lydia Cacho, quien además de ejercer el periodismo era activista de derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia, la que profundizó y dio seguimiento, primero en notas publicadas en el diario yucateco ¡Por Esto! y después en un libro editado por primera vez en 2004, el multipremiado Los demonios del edén.

En una entrevista con La Jornada, tres sicólogas y defensoras del Centro Integral de Atención a la Mujer y a sus Hijos (CIAM) (Claudia Fronjosá, Darney Martínez y Edith Rosales) relataron en aquel tiempo lo que descubrieron sobre el modus operandi y la brutal manipulación que este delincuente desplegaba para detectar, cazar y destruir la vida de cientos de menores y sus familias porque, como lo confesaba sin asomo de vergüenza en una de sus entrevistas previas a ser capturado, pues uno tiene sus defectitos.

Este perfil de Succar Kuri lo pudieron delinear las trabajadoras del CIAM a partir de los cuatro meses de convivencia (y de trabajo social, tratamiento sicológico y médico) con cuatro niñas, un niño (entre 5 y 13 años) y sus madres mientras estuvieron en el albergue de la institución en Cancún.

Sobre estas familias se había desatado el infierno del escándalo mediático y la falta de cuidado y discreción de las autoridades obligadas a protegerlos. Sus nombres reales fueron ventilados, las madres separadas de las niñas, que quedaron recluidas en el DIF. Recibieron desprecio, amenazas y presiones de todo tipo. Hubo un paréntesis en esta tormenta, los cuatro meses que vivieron bajo la protección del CIAM.

Las víctimas, familias pobres

En la entrevista, las activistas se refirieron a Jean Succar Kuri (originario de Bisharri, una localidad libanesa cercan a la frontera con Libia) como un hombre rico que perfilaba a sus víctimas entre familias pobres, desestructuradas, con padres ausentes y madres con poca escolaridad. Fingía querer ayudarlas y querer a los niños como un padre. Pasaba a recoger a las menores en las barriadas populares en un auto de lujo acompañado por su esposa, Gloria Pita, una acapulqueña que a su vez había sido víctima del depredador desde los cinco años y que de adulta fue cómplice y perpetradora de la explotación sexual, la pederastia y la pornografía infantil.

Parte del esquema de manipulación y encubrimiento de la operación criminal eran las dádivas y favores a las madres y familiares de las menores, que recibían dinero a cambio de hacerse de la vista gorda. Los menores eran trasladados a una de las villas turísticas de Kuri, Solymar. Ahí eran violados, engañados y ofrecidos en el redituable comercio de la pederastia y la pornografía cibernética.

Entre las pruebas que llegaron a manos de la Agencia Federal de Investigaciones abundan las llamadas telefónicas. En una de ellas el hombre confiesa: De que se las coja un desconocido a que se las coja su padre, mejor me las cojo yo. También hay evidencias de las relaciones que políticos como Yunes y Gamboa tenían con él. Éstos nunca fueron investigados.

Después de la publicación de Los demonios del edén en 2003 se ordenó la aprehensión de Succar Kuri, quien huyó a Arizona. Ahí fue detenido y recluido en la prisión de Chandler. Fue entonces cuando la dirigente del PRI en Quintana Roo, Enna Rosa Valencia, que pasó a integrar el equipo de defensa del pederasta, organizó el traslado y hospedaje de un grupo de víctimas (niñas y sus madres) a Phoenix para que, después de una nueva sesión de engaños, presiones y manipulaciones, todas se retractaran de sus acusaciones y firmaran un documento de agreement que las obligaba a guardar silencio y no presentar nuevas acusaciones a cambio de ayudas económicas, canalizadas a través de sus familiares varones (un tío) y de la propia Valencia, quien con el tiempo tuvo una productiva notaría en Cancún.

Pruebas incontrovertibles

Pero el abogado de las víctimas, Xavier Olea, y la Agencia Federal de Investigaciones contaban con un paquete de pruebas incontrovertibles y peritajes ginecológicos de las niñas (secuelas de las repetidas y prolongadas violaciones y contagios con el virus de papiloma) que lograron que a la postre la fiscalía de Arizona accediera al pedido de extradición del acusado.

En 2005, la periodista Lydia Cacho fue detenida en Cancún por policías enviados por el gobernador de Puebla (otro priísta) y, en medio de presiones, torturas y amenazas de violación trasladada por tierra a una prisión poblana. Fue liberada a los pocos días por presiones de grupos feministas.

Meses después, en la grabación de una llamada telefónica entre el ex gobernador Marín y el empresario libanés radicado en Puebla Kamel Nacif, el mismo funcionario confesó que el secuestro y encarcelamiento de Cacho fue un favor a su amigo, que lo llamó mi góber precioso. Las cintas fueron enviadas anónimamente a este diario.

Entre otras revelaciones se admite que Nacif ordenó que Cacho fuera agredida sexualmente por las locas y las tortilleras presas en el penal poblano, información que, por cierto, les causa mucha gracia al gobernador y al empresario –usuario frecuente de los servicios que ofrecía su paisano–, que conversan alegremente. Se evidencia que Succar Kuri es amigo de ambos.

En esta serie de grabaciones entre Nacif y Marín, otros funcionarios, empresarios, un periodista entonces en Excélsior y hasta con el entonces gobernador de Chiapas Salazar Mendiguchía, que dio a conocer íntegramente La Jornada, se dibuja la serie de complicidades entre autoridades y el entramado del negocio criminal de prostitución y pornografía infantil que operaba en Cancún.

Tras varios atentados, Lydia Cacho se exilió. No ha regresado a México. Marín, luego de renunciar a la gubernatura, en 2021 fue detenido en Acapulco. A la fecha sigue recluido en el Penal Federal del Altiplano.