Lima. El Congreso de Perú rechazó ayer la intromisión de la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos (CIDH) en la toma de sus decisiones e iniciativas legislativas.

El pasado día 8, la CIDH expresó, mediante un comunicado, su preocupación por la interferencia del Congreso sobre los demás poderes del Estado.

La comisión hizo alusión a dos proyectos de ley que se manejan en el Parlamento peruano, uno de los cuales busca eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano encargado de nombrar, ratificar y deponer jueces y fiscales en el país, así como a algunas autoridades electorales; el otro, que plantea una reorganización del sistema de Ministerio Público que rige al país andino de 35 millones de habitantes.

Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Política del Estado (...) Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones, indicó el Parlamento en un comunicado difundido en la red social X.

Días antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que junto con la CIDH conforma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos– emitió una resolución en la que ordenó al Estado peruano suspender el debate de un proyecto de ley que busca la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Prescripción de crímenes de lesa humanidad

La controvertida iniciativa parlamentaria avanzó la semana pasada con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori –hija del ex mandatario–, de militares retirados y de legisladores conservadores.

Bajo el argumento de la fiscalía peruana, si el proyecto se convierte en norma, la reforma impactará sobre 550 víctimas y 600 casos de matanzas, torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas, sobre todo de campesinos indígenas de los Andes y la Amazonia, en los que están imputados decenas de militares del ejército y la marina de guerra.

Los procesos judiciales tendrían que ser archivados o concluidos por prescripción; es decir, se extinguiría la responsabilidad penal por el paso del tiempo. Analistas en temas judiciales han plateado que Perú estaría en contradicción con el derecho internacional, que aboga para que los crímenes de lesa humanidad no prescriban.